La Comisión Europea dio el visto bueno al sistema de auditoría y control del plan de recuperación después de constatar que España ha subsanado las deficiencias detectadas en relación a la información sobre los beneficiarios de las ayudas que no tuviesen representación legal en el país.

El Ejecutivo comunitario lo confirmó después de aprobar el tercer desembolso del fondo que trata de mitigar los efectos causados por la pandemia del Covid que, de recibir luz verde de los Estados miembros, supondrá el desembolso de 6.000 millones de euros que elevarán a más de 37.000 millones las transferencias directas recibidas hasta el momento, más de un tercio del total asignado.

El hito 173 del plan exige la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el que cargar información sobre la aplicación del plan, el seguimiento de los objetivos y otras cuestiones como el resumen de auditoría y datos sobre beneficiarios de las ayudas.

Aunque Bruselas ya dio luz verde a este hito a finales de 2021, cuando evaluó la solicitud del primer pago, España se comprometió a subsanar en un plazo de nueve meses un número de deficiencias con objeto de garantizar una aplicación continuada y eficiente de las obligaciones de auditoría y de control.

Estaban relacionadas con la recopilación de información sobre los beneficiarios reales de las ayudas otorgadas a empresas extranjeras que no disponen de representante legal en España y con los procesos para que las diferentes administraciones tengan acceso a estos datos.

"Sobre la base de la documentación presentada y los controles realizados por la Comisión, España ha mejorado la recopilación de datos sobre los propietarios reales de las empresas extranjeras sin representantes legales en España, tanto para contratos ya concluidos como para futuros contratos", apunta el Ejecutivo comunitario en su análisis.

España ha firmado para solucionarlo acuerdos con la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad para facilitar el intercambio de información sobre estos beneficiarios reales cuando la información haya sido obtenida por alguna de estas entidades.

Para los casos en los que esa información no esté disponible, el Gobierno ha firmado una orden ministerial para permitir que las autoridades que organizan licitaciones públicas puedan solicitar estos datos directamente a las empresas extranjeras.