El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aceptó ayer la renuncia que le presentó el fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, tras ser expedientado por opinar sobre la consulta soberanista catalana. Así lo anunció el propio fiscal jefe de Cataluña a su salida de la Fiscalía General del Estado, donde compareció para expresar sus alegaciones en el expediente de remoción que le ha abierto el fiscal general. "He explicado los motivos que me llevaron a estas últimas actuaciones. Quiero dejar claro que he procurado actuar con lealtad al fiscal general del Estado", afirmó Rodríguez-Sol.

Las asociaciones Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces por la Democracia (JpD) mostraron ayer su oposición al relevo de Martín Rodríguez-Sol. En declaraciones a Efe, Francisco Javier Pérez Ruiz, portavoz de la UPF en Cataluña, opinó que supone una "sanción demasiado grave para el hecho en sí", unas meras declaraciones.

Más contundente se mostró el portavoz de Jueces por la Democracia en Cataluña, Josep Antoni Rodríguez, que expresó la "preocupación" de su asociación ante un hecho que demuestra, a su parecer, que "el pluralismo como valor democrático está en peligro". Para el portavoz de JD, las manifestaciones de Rodríguez Sol al defender la legitimidad de una consulta al pueblo catalán "de ninguna manera pueden impedir que ejerza como fiscal superior de Cataluña de forma satisfactoria".

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, consideró por su parte que el relevo del fiscal superior de Cataluña entra dentro del normal funcionamiento del Estado de derecho y subrayó que los fiscales deben someterse a la ley y no buscar recovecos para eludirla.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, pidió por su parte "un mayor grado de prudencia" a personas con una responsabilidad importante como es el fiscal jefe de Cataluña."Tal vez, en este momento tan difícil de la relación entre Cataluña y el resto de España, a personas con esta responsabilidad tan importante hay que exigirles un grado mayor de prudencia", sostuvo Valenciano en una entrevista con Antena 3.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, afirmó a su vez que "las instituciones deben siempre defender la Constitución española; no debemos contribuir con manifestaciones de la esfera privada a una mayor confusión".