El Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana un nuevo Pleno donde avalará la ley de la eutanasia, conforme a una ponencia del magistrado Ramón Sáez que plantea rechazar el recurso de Vox, e iniciará el debate sobre la impugnación formulada por este mismo partido político contra la denominada ley Celaá, si bien en este caso la ponencia de Ricardo Enríquez sí pone pegas a la norma.

El recurso contra la ley de la eutanasia figura entre los asuntos a resolver por sentencia, después de que los magistrados iniciaran en el Pleno anterior, celebrado el 9 de marzo, el estudio de dicha impugnación.

El borrador sobre la ley educativa rechaza penalizar la segregación por género

De acuerdo con las fuentes jurídicas, se trató de un primer contacto muy breve donde Sáez expuso a sus compañeros los motivos de impugnación de Vox. Días después les facilitó la ponencia, que avala completamente la ley de la eutanasia, una postura que encontrará el respaldo de la nueva mayoría progresista.

La ley, que fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Los dos partidos recurrieron, si bien el recurso de Vox supone prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley porque se dirige contra numerosos artículos, mientras que la impugnación del PP es más limitada, por lo que rechazar el primero supondría de facto desestimar también el segundo, según explican las citadas fuentes.

Otro de los asuntos nucleares del próximo cónclave será el inicio de las deliberaciones sobre el recurso de Vox contra la llamada ley Celaá. El borrador de Enríquez respalda la ley excepto en dos puntos, los que plantean que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".