El Gobierno ha comunicado al Ejecutivo catalán que los traspasos de competencias ya acordados no se pueden reabrir para volver a negociar su contenido o su financiación, en una reunión en la que han acordado que en las próximas semanas se fijarán las prioridades para abordar nuevas transferencias.

El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se ha reunido durante alrededor de una hora y media con la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, quien ha insistido en que Cataluña no aceptará ningún traspaso que no venga acompañado de los necesarios recursos económicos. Chaves y Ortega han acordado que durante marzo y abril habrá reuniones para fijar qué traspasos son prioritarios para la Generalitat y para establecer un calendario "razonable", de manera que algunas transferencias puedan realizarse a lo largo de 2011.

Ortega ha explicado en rueda de prensa que no ha encontrado a Chaves "receptivo" a revisar traspasos ya cerrados, a pesar de que el Gobierno de la Generalitat discrepa en algunos. Y el vicepresidente tercero ha confirmado que, efectivamente, no se pueden reabrir estas cuestiones porque, de hacerse así, después de cada cambio de gobierno autonómico podría plantearse lo mismo, algo que "no tiene lógica ni fundamento jurídico", y que podría llevar a una situación "caótica". Ha recordado, en cualquier caso, que las transferencias ya cerradas durante el Gobierno del tripartito se acordaron en comisiones bilaterales con el voto afirmativo de todos los partidos, incluido el de CiU, entonces en la oposición.

Más allá de este desencuentro, Chaves y Ortega han acordado que en las próximas semanas se fijen las prioridades que tiene la Generalitat para nuevos traspasos, se establezca un calendario razonable para los mismos y se reúnan las comisiones bilaterales para crear grupos técnicos que empiecen a trabajar en ello. El vicepresidente ha especificado que de los 41 traspasos planteados por Cataluña, 18 ya se han producido y 7 (entre los que ha incluido las becas o los tribunales económicos administrativos) están "maduras".

Por otro lado, el vicepresidente tercero ha garantizado a Ortega que cuando el Gobierno adopte medidas que afecten a cuestiones cuya competencia dependa de comunidades autónomas o ayuntamientos, y que supongan una merma de sus ingresos o un incremento de sus gastos, lo comunicará y acordará previamente con dichas administraciones, evitando así quejas como las que se han sucedido tras el anuncio de rebajar un 5 por ciento las tarifas de Cercanías. "El Gobierno nunca intentó imponer unilateralmente una medida ni a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas", ha asegurado, antes de explicar que se les compensará si, una vez transcurrida la vigencia de la medida, tienen pérdidas.

Joana Ortega ha demandado también a Chaves que se ponga en marcha un nuevo sistema de financiación local, algo que el Gobierno no está en condiciones de impulsar si se quiere lanzar a los mercados el mensaje de contención del déficit, aunque sí se retomará la cuestión a finales de este año, ha dicho el vicepresidente, con el compromiso de abordarlo en cuanto la situación económica lo permita.