El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha impugnado ante el Tribunal Supremo (TS) las 254 candidaturas presentadas por Bildu a las próximas elecciones del 22 de mayo al estimar que es el vehículo formal de la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios y sucesión del complejo ETA-Batasuna. Así lo ha explicado el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, tras presentar a las 13:00 de este miércoles en el registro del TS la impugnación contra la totalidad de las candidaturas de Bildu, así como un segundo recurso para impugnar 16 agrupaciones de electores, cuya documentación ocupaba cinco cajas.

Según la Abogacía del Estado, la coalición electoral formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes es un "plan B", un vehículo formal para presentar candidatos, "gestionada, dirigida, articulada y coordinada" en sus aspectos fundamentales por la izquierda abertzale ilegalizada. "Las candidaturas son sucesión del complejo ETA-Batasuna", ha señalado De Fuentes.

El abogado del Estado ha explicado que no se ha impugnado la coalición porque en un recurso contencioso electoral lo que se impugnan son candidaturas y ésta no sería la vía para ilegalizar una coalición. Los servicios jurídicos del Estado, ha señalado, llevan 3 semanas estudiando los 5 informes de la Policía Nacional, los 3 de la Guardia Civil, uno de la Policía foral de Navarra y otro de la Ertzaintza. Así, desde el pasado 6 de abril cuando se presentó la coalición electoral, se han analizado "todas las vertientes fácticas y jurídicas", de tal forma que el criterio que trasladaron al Gobierno era que procedía la impugnación de todas las candidaturas, ha dicho.

Respecto a las agrupaciones electorales, ha considerado que se trata de un "un plan C residual" en municipios o concejos pequeños donde por diferentes razones no ha habido acuerdo entre los integrantes de la coalición y Batasuna, por lo que a través de agrupaciones han presentado candidaturas autónomas.

El recurso de la Abogacía del Estado sostiene que EA ha conciliado su estrategia electoral con la de la izquierda abertzale. La prueba documental aportada a la Sala del 61 del TS demuestra, según de Fuentes, que el funcionamiento de la coalición está articulado desde el mundo de Batasuna. Entre estas pruebas, el abogado general del Estado ha destacado dos sobre acuerdos electorales (herri akordioak) que demuestran que la coalición Bildu se diseña y ejecuta desde el mundo Batasuna y que en las listas electorales se atribuyen los puestos en función de lo votos que ANV obtuvo en 2007.

Otra prueba que aporta son las conversaciones intervenidas que demuestran que en muchos municipios se había concertado una práctica para un pacto entre Batasuna y partidos legales, y la cesión desde éstos de puestos representativos en las listas, así como un conjunto de pruebas indiciarias utilizadas en otros procesos anteriores. En el recurso, la Abogacía General del Estado pide al Tribunal Supremo que anule los acuerdos de proclamación de todas las candidaturas de Bildu y que, como medida cautelar, suspenda la obligación legal de la Oficina del Censo Electoral y de las Juntas Electorales de tener que suministrar una copia del censo a las listas impugnadas.

La Abogacía vincula con ETA/Batasuna a más del 20% de los candidatos de Bildu

El recurso de la Abogacía General del Estado concluye que más del 20 por ciento de los candidatos tienen vinculaciones con el complejo ETA/Batasuna. Ese porcentaje, recuerdan los servicios jurídicos del Estado en su impugnación, es el que el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) aceptan como indicio relevante y significativo de que existe una sucesión o conexión con los partidos ilegalizados

En concreto, y según un informe de la Policía del pasado día 21, de los 3.495 candidatos de Bildu, 1.014 presentan vinculaciones con formaciones ya ilegalizadas, que consisten en su mayoría en haber ostentado la condición de avalista o firmante para la presentación de candidaturas de esos partidos. Además, otro informe de la Guardia Civil arroja un porcentaje global de vinculación con el complejo ETA/Batasuna del 10,44%, es decir, que de 3.743 candidatos 391 están vinculados a Batasuna y otras organizaciones ilegalizadas. Esa ratio asciende al 13,45% si se suman los 815 puestos que, según las estimaciones de posibilidad de voto de la izquierda abertzale, se consideran como susceptibles de ser elegidos. Así, resalta que en "una candidatura tan simbólica e importante" como es la de Bildu al Parlamento de Navarra, tres de los siete primeros candidatos "presentan claras vinculaciones con los partidos ilegalizados".

La vinculación más intensa la ofrece la candidata número dos, Bakartxo Ruiz Jaso, que también intervino en varios actos de presentación de acuerdos previos a la constitución de la coalición, y en otros posteriores, siendo una de las tres personas "mediática e icónicamente" más identificativas de la coalición, a juicio de la Abogacía. Bakartxo Ruiz es una de las principales portavoces de la iniciativa popular "Hamaika Bilt Gaitezen/ Juntemos una multitud, que junto con otra iniciativa llamada Ezker Soberanista Eraikitzen, dio lugar a la plataforma popular Herritarron Garaia, que estuvo en el origen de Bildu, por ser representativa de los "abertzales y de izquierdas" de Navarra, señala. Añade el escrito que también ha sido identificada por algunos detenidos por su pertenencia a Ekin y Segi, que ante la Policía han relacionado con dichas formaciones a la hoy candidata de Bildu. Y la candidata número tres al Parlamento de Navarra por Bildu, Aitziber Sarasola Jaca, está relacionada con la organización Jarrai y ha participado en varios de sus congresos.

Respecto a las 16 agrupaciones de electores que se han impugnado en Álava, Vizcaya y Navarra, la Abogacía concluye que de los 90 candidatos, 59 presentan vinculaciones con los partidos ilegalizados o ETA y Batasuna. Cita en concreto al único candidato en Álava, a cuatro de los cinco de Vizcaya y a 54 de los 84 candidatos en Navarra. En esta última Comunidad destaca el caso de la localidad navarra de Etxalar, donde uno de los siete candidatos de la denominada agrupación electoral Herri Taldea está vinculado al complejo ETA/Batasuna aunque es el actual alcalde del municipio. Las vinculaciones personales de los miembros de las candidaturas que se impugnan con los partidos ilegalizados, con la izquierda abertzale, Batasuna y ETA que ha tomado en consideración la Abogacía son la pertenencia a partidos ilegalizados, a la organización terrorista y su entorno.

Con esos datos, concluye que todas esas vinculaciones hacen necesario anular la proclamación de las candidaturas de Bildu por darse en todas ellas los elementos estructurales y generales de continuidad y sucesión de los partidos ilegalizados y la existencia de un designio sucesor del entramado ETA/Batasuna.