Dos nietas de desaparecidos durante la dictadura, que han declarado como testigos de la defensa en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, han asegurado al Tribunal Supremo que acudir a la Audiencia Nacional era su única opción para "cerrar heridas" y lograr reparación. "Mi abuela ya murió y sólo cerró sus heridas con la muerte. Yo lo que pretendo es que mi madre pueda cerrarlas antes de morir con la Justicia y la reparación", ha afirmado María Antonia Oliver París, representante de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca.

Por su parte, Josefina Musulén Giménez, de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, ha declarado que los nietos de los desaparecidos siguen buscando "con la misma dignidad" a sus familiares, "pero sin el miedo que tenían nuestros padres". Josefina Musulén ha relatado como el 13 agosto de 1936 un falangista fue a buscar a su casa a su abuelo, que era de la CNT, y que también se llevaron a su abuela que estaba embarazada. "Se suponía que a las mujeres embarazadas no las podían fusilar. Nos dijeron que a mi abuela le dieron el tiro de gracia en la tripa", ha dicho Musulén. "Después nos contaron que a mi abuela la ingresaron en el Hospital de Gracia y que una mujer la acompañó al paritorio. A mi abuela no la volví a ver y a la niña tampoco. Así pudimos saber que mi madre tuvo una hermana sana hace 33 años", ha concluido. También ha señalado que la única explicación que recibieron sobre la muerte de su abuelo era que "era un rojo, que los rojos eran cobardes, y que seguramente habría huido a Barcelona o Menorca o con otra mujer".

El abogado Jose María Ruiz de la acusación popular Manos Limpias le ha preguntado si conoce el lugar donde están enterrados sus familiares, a lo que ella ha respondido que creen donde se pueden encontrar, no por conocimiento expreso, sino por el modus operandi de los falangistas en Zaragoza. En la misma línea ha ido el testimonio de María Antonia Oliver París, que ha señalado que en su denuncia presentada en la Audiencia Nacional el 15 de diciembre de 2006 expusieron "la represión que se ejercía contra el golpe de Estado, contra el gobierno legal y democrático de la República".

Preguntada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, sobre qué les motivó a denunciar, ha dicho que la mayoría de los familiares de los desaparecidos se educó en dictadura, y que "las víctimas no sabían que tenían este derecho". "Pero los nietos, que sí que sabemos que tenemos ese derecho, empezamos a pensar que teníamos el derecho y el deber de denunciarlo", ha añadido.

María Antonia Oliver ha afirmado que "los delitos no prescriben" y que "su dolor y sufrimiento es permanente". Además ha destacado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que en su asociación actualmente han contabilizado 1.600 personas desaparecidas en Mallorca. Martínez-Fresneda le ha preguntado por qué calificaron en su denuncia los hechos de "detención ilegal" y "desaparición forzada" como crímenes de lesa humanidad, a lo que ésta ha explicado que comprobaron que crímenes similares se habían investigado en otros países como Argentina y Chile. El juicio se reanudará en la mañana del lunes a las 10:30 con la declaración de seis testigos más propuestos por la defensa.