España

El PSOE propone multar a los clientes de prostitutas

  • Además pide que la pena sea de cárcel en el caso de que la prostituta sea menor de edad

Concentración convocada por el sindicato de prostitutas Otras el pasado 14 de noviembre en Madrid. Concentración convocada por el sindicato de prostitutas  Otras el pasado 14 de noviembre en Madrid.

Concentración convocada por el sindicato de prostitutas Otras el pasado 14 de noviembre en Madrid. / Efe

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En un documento que ha entregado al Gobierno para que sirva de base a la futura Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, el PSOE propone castigar a los clientes de la prostitución con una sanción económica y con pena de cárcel en el caso de que la prostituta sea menor de edad.

Así lo ha confirmado Altamira Gonzalo, presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE, encargado de elaborar el documento, que "ha tenido buena acogida por parte del Gobierno", con lo que a partir de ahora "tenemos que trabajar de manera eficaz" para que se pueda aprobar la ley.

No obstante, ha precisado que se trata solo de una propuesta de un grupo de expertos que aborda todo tipo de trata, aunque especialmente aquella con fines de explotación sexual, y también la prostitución.

En el documento, el PSOE propone también desarrollar de "manera pormenorizada" la atención a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y catalogar a éstas, así como a las mujeres que ejercen la prostitución, como víctimas de violencia de género. Esa calificación implica, según Altamira Gonzalo, que las afectadas se puedan acoger a los mismos recursos que las víctimas de maltrato, tales como casas de acogida o atención psicológica.

La propuesta socialista de establecer multas económicas a quien pague por mantener relaciones sexuales está en sintonía con la normativa francesa aprobada en 2016 y con los modelos de otros países.

Gonzalo ha considerado que sería muy importante sacar adelante la ley y ha confiado en que se produzca el consenso necesario para ello, ya que se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno anterior en el Convenio de Estambul y también forma parte de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

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