Una amalgama de gente, desde republicanos a empleados de Coca Cola amenazados por el despido, se manifestó ayer frente a los juzgados de Palma arropados por curiosos atraídos por la comparecencia de la infanta Cristina para declarar en calidad de imputada en el caso Nóos.

Hacia las seis y media de la mañana, un guardia de seguridad abrió la verja de la puerta trasera de acceso a los juzgados por la que poco antes de las diez entró en el recinto judicial el automóvil Ford del modelo C-Max a bordo del cual iba la hija menor del Rey.

Cuando el vehículo descendió por la rampa por la que hace casi un año caminó su esposo, Iñaki Undargarín, para comparecer ante el juez José Castro, hacía tres horas que funcionaba el cordón montado por la Policía Nacional para velar por la seguridad de la Infanta.

Los manifestantes -que al saber que doña Cristina se encontraba ya en los juzgados reaccionaron con abucheos y gritos- se mantuvieron detrás de las vallas colocadas por las policías Nacional y Local, y dentro del perímetro de seguridad establecido. "El despliegue policial ha sido excesivo", se quejó Miguel Mascaró, dirigente de Unidad Cívica por la República de Baleares, la plataforma que convocó la concentración, a la que, al hilo de la gran atención mediática despertada, se unió un variopinto grupo con distintas reclamaciones. 

El grueso de la manifestación, constituido por unas 300 personas, estaba formado por partidarios de la tercera república, algunos de ellos con banderas republicanas, comunistas o independentistas catalanes, así como por empleados de la embotelladora que Coca-Cola planea cerrar en Palma.

"Estamos aquí para aprovechar la presencia de los medios de comunicación y dar a conocer el conflicto en Coca-Cola", explicó el secretario del comité de empresa Juanjo Bustins, mientras sus compañeros gritaban "Ni Coca Cola ni In-Fanta".

Junto a los empleados del fabricante de refrescos -quienes más ruido hicieron con sus silbatos y trompetillas-, también participó en la manifestación un reducido grupo de activistas de Ibiza que aprovecharon el notable despliegue periodístico para protestar contra las prospecciones petrolíferas que se proyectan hacer en aguas próximas al archipiélago balear.

En la concentración había, además, personas exigiendo democracia, pidiendo al juez Castro mano dura contra la corrupción, reclamando poner fin a los desahucios por impago de hipotecas, o protestando por la aplicación en el sistema de enseñanza de Baleares del decreto que establece una educación trilingüe.  Unos portaban carteles escritos en catalán con el lema "Rampa de los duques de Palma de Mallorca", en alusión a la famosa cuesta de acceso a los juzgados de la ciudad, y otro manifestante llevaba un cartel que decía "Libra-Nóos de la Korrupción".

Los cerca de 200 efectivos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegaron en las inmediaciones del edificio de los tribunales mantuvieron a los manifestantes alejados de la infanta y de la puerta trasera por la que entró para declarar.

La protesta callejera tuvo hasta cierto tinte festivo, lo que permitió a efectivos de la Policía Nacional relajarse con un desayuno con compañeros en las cafeterías del vecindario que abrieron para hacer caja.

Unas dos horas después de que la Infanta comenzara a declarar, la concentración se desinfló y quedaron frente a los juzgados unos pocos manifestantes y curiosos. Eso sí, los 350 periodistas de 90 medios acreditados para cubrir este acontecimiento insólito siguieron al pie del cañón hasta que doña Cristina abandonó el lugar.