La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que en el Ejecutivo están "sorprendidos e indignados" con las informaciones sobre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y ha pedido que se aplique la ley "con todas sus consecuencias" en los casos de corrupción. "Indudablemente no todos somos iguales y hay mucha gente en política que trabaja, lo hace bien, con honradez, con honestidad y con muchísimo esfuerzo", ha subrayado la vicepresidenta en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha reclamado que se investigue el caso "hasta el final".

En cuanto la información sobre posibles pagos de sobresueldos en dinero B a dirigentes del PP, se ha remitido a las declaraciones de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que ha señalado que "no le constaban esas circunstancias". "A título personal, en ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y por supuesto no lo hubiera aceptado", ha añadido en alusión al tiempo en la que ella fue dirigente del PP.

Sobre las críticas del PSOE, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado a los socialistas "con toda la prudencia" que también llevaron a cabo una regularización fiscal y que estos procesos "nunca se hacen por nadie en concreto", sino por la necesidad de ampliar las bases imponibles. Sáenz de Santamaría ha respondido así a Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si se demuestra que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal parcial que permitió en 2012 aflorar dinero negro pagando el 10%.

Sáenz de Santamaría ha rehusado pronunciarse sobre si Bárcenas se acogió o no a la amnistía fiscal y se ha remitido a las manifestaciones al respecto de la Agencia Tributaria, que ha negado que el ex tesorero del PP haya hecho la Declaración Tributaria Especial (diseñada para el proceso de regularización de 2012), pero que no ha aclarado si pudo presentarla a través de una sociedad o entidad de su propiedad. "No dispongo de esa información ni puedo disponer de ella", ha dicho la vicepresidenta, que ha insistido en que la información de los contribuyentes está protegida por la ley.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado el debate abierto en el seno del Gobierno después de que Montoro mostrase hace unas semanas su disposición a publicar la lista con los mayores defraudadores al fisco, algo que exigiría cambios legales que se están analizando en el Ministerio de Hacienda. Ha dicho que la voluntad del Gobierno es trabajar por una mayor transparencia en todos los ámbitos, pero "en la medida en que lo permita la Constitución".