El alcalde de Estepona devuelve el dinero de la presunta malversación que se le investiga

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha decidido devolver antes de que pueda fijarse el juicio con jurado los 5.276,92 euros del coste que le supuso al Ayuntamiento la contratación como cargo de confianza de una mujer con la que mantuvo una "relación íntima de amistad“, que declaró ante el juez que nunca acudió a trabajar al Consistorio.

El regidor está incurso en una investigación por un supuesto delito de malversación. Con esta decisión, el alcale se asegura una condena inferior si un jurado lo declarase culpable. El cheque bancario no supone aceptar que ha cometido delito alguno. El alcalde popular señala, en el documento al que ha tenido acceso este periódido, que "ha consignado la citada cuantía ad cautelam", es decir, significa que se refiere a "una declaración oral o escrita por la que se hace una determinada reserva en previsión de una eventual razón contraria".

En este caso se justifica la prevención porque en el procedimiento que se sigue contra García Urbano "se ha cuestionao la conformidad a derecho de dicha percepción". Añade, además, que de esta forma pretende despejar toda la duda "sobre la inexistencia de perjuicio económico" para el Ayuntamiento que preside.

El artículo 434 del Código Penal señala : "Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados”, recoge textualmente.

El PSOE considera, sin embargo, que este pago es un "reconocimiento claro de culpabilidad" del regidor, según el secretario general de Málaga, Josele Aguilar, que también es abogado. Por ello, el socialista ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aparte a José María García Urbano de la Alcaldía de Estepona.

Una lectura contraria a la realizada por el equipo de gobierno. En una nota de prensa, destacó que para “dar mayores garantías al procedimiento y demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno para el Ayuntamiento, se ha consignado la cantidad que la investigada percibió durante el periodo que estuvo trabajando" la mujer que fue contratada como cargo de confianza.

Este pago se produjo dos días antes de que las partes estuvieran llamadas este jueves a una comparecencia prevista en la Ley orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), convocada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona que investiga el caso, en la que la Fiscalía ha solicitado la imputación de García Urbano y de la mujer por un presunto delito de malversación, misma petición que ha hecho el PSOE como acusación popular. Mientras, la de Vox únicamente acusa al alcalde, que no ha acudido a la sede judical tras admitir el instructor una petición de dispensa presentada por su defensa.

El caso deriva de la declaración como testigo de la mujer en otro procedimiento judicial por acoso sexual contra el alcalde, que fue denunciado por un policía local que había sido pareja de ésta, y que quedó archivado en enero de 2025. En su declaración, ella manifestó su vinculación laboral con el Ayuntamiento y que no fue a trabajar, lo que provocó la apertura de esta causa por presunta malversación en diciembre del pasado año.

En la comparecencia de hoy, la defensa del alcalde ha solicitado el “sobreseimiento” del procedimiento judicial, así como ha insistido en “la falsedad del relato de la denunciante” recordando que también está “investigada” en el caso por presunta malversación, según ha informado el Ayuntamiento. El abogado del regidor también ha defendido que “no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde”.

El PSOE local pide su dimisión

La secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha vuelto a exigir la dimisión de García Urbano, subrayando que el pago realizado por el alcalde “es un reconocimiento de las irregularidades cometidas”. En este sentido, ha recordado que existen pruebas en la causa que demuestran que “la mujer contratada nunca trabajó en el área asignada, no tenía despacho ni ordenador y jamás desempeñó función alguna en el Ayuntamiento”. Asimismo, ha apuntado que durante el tiempo que tenía contrato residía en Córdoba y tuvo una intervención quirúrgica estética en un hospital de Málaga, sin tener ninguna baja por enfermedad comunicada al Consistorio.

El juez instructor del caso acordó el pasado abril la continuación del “procedimiento para juicio ante el tribunal del jurado”, según el auto al que tuvo acceso este diario. En el fallo judicial se señala que de las diligencias practicadas “se desprende de modo indiciario que García Urbano, aprovechando su condición de alcalde del Ayuntamiento de Estepona, y con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica” contrató a la mujer, con la que “mantenía una relación íntima de amistad”.