El caso Astapa, sobre presunta corrupción en Estepona, es uno de los mayores casos de corrupción política y urbanística en la Costa del Sol, con una instrucción que suma 351.114 folios y 774 tomos. Esta macrocausa da el pistoletazo de salida este lunes, 9 de enero, dieciséis años después del inicio del procedimiento. Lo hace con 50 acusados sentados en el banquillo, entre exconcejales, empresarios y empleados municipales, siendo el más conocido el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos; las penas solicitadas para todos ellos suman más de doscientos años de cárcel.

El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

¿Qué es el caso Astapa?

Entre 2003 y 2007 el gobierno municipal de Estepona, formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES), creó supuestamente una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

Dicha caja B se alimentaría de aportaciones de promotores "con intereses inmobiliarios", a través de donaciones o patrocinios de actividades. La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Consistorio de Estepona a raíz del caso.

La denuncia de dos concejales del PSOE

La investigación se inició en 2007, a raíz de la denuncia de dos concejales del PSOE, partido que por aquel entonces gobernaba en coalición con el Partido de Estepona (PES). Las primeras detenciones por este caso se produjeron un año después, en junio de 2008.

La causa llegó a tener más de 100 personas imputadas, aunque finalmente se sientan en el banquillo medio centenar. Se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

La Caja B

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos en el Ayuntamiento "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica" en el municipio, pero "en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios".

"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscalía.

La Fiacalía entiende además que presuntamente los acusados "también aprovecharon" para contribuir, junto a otros procesados, "a la financiación subrepticia de actividades electorales de sus respectivos partidos políticos por parte de empresarios favorecidos por resoluciones municipales y para obtener un lucro personal", con supuestos incrementos patrimoniales de algunos acusados. En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento "y se han detectado medidas "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público".

Antonio Barrientos

Uno de los principales acusados en el caso Astapa es el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, acusado por los presuntos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Llegó a estar seis meses en prisión provisional. En el juicio la Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de 10 años y nueve meses de prisión, además de inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y una multa. 

Además de Barrientos, están acusados otros cinco ex responsables municipales entonces miembros del PSOE y del PES; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.

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