El juez prorroga la instrucción del caso por presunta malversación del alcalde de Estepona

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha establecido una “prórroga” de seis meses para la instrucción que investiga al alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presunta malversación de caudales públicos por la contratación como cargo de confianza en el Consistorio de una amiga “íntima”, que llegó a declarar ante el juez que no había acudido a trabajar, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

El juzgado también dicta dar traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de cinco días, “insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral formulando escrito de conclusiones provisionales”. Al mismo tiempo, el instructor considera que no procede “el sobreseimiento provisional” solicitado por los investigados y dicta “la continuación del procedimiento”.

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la comparecencia establecida por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) en su artículo 25 -tras decretar el juez en abril que el procedimiento se iniciara mediante esta-, donde las partes concretaron los hechos objeto de imputación a los investigados y la defensa del alcalde solicitó el sobreseimiento de la causa, además de aportar documentación sobre la consignación que realizó el alcalde en la cuenta del Ayuntamiento de 5.276,92 euros, “cantidad objeto del delito investigado”, y que el juez ha admitido.

En el auto, el juez concluye que “existen indicios suficientes” de que García Urbano, con la intención de proporcionar una “ayuda económica” a la mujer, con la que “mantenía una relación íntima de amistad”, la contrató entre febrero y marzo de 2023 como funcionaria eventual a “los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose su contratación en consecuencia de una mera ficción jurídica”, supuestamente.

Contratación como asesora

Ello se deriva de las diligencias practicadas en el caso, que investiga la contratación de la mujer con plaza de “asesora” adscrita al Área de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona, para la realización de “labores de asesoramiento especial y confianza” entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023, percibiendo “dos nóminas a cargo del patrimonio público” por importes de 1.634,64 y 3.642,28 euros netos. Todo ello sin que “se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”, señala el documento.

En cuanto a la “relación íntima de amistad” que mantenían el alcalde y la mujer contratada, el auto hace referencia a la mensajería de WhatApp, destacando que el regidor “contribuyó a su sostenimiento abonándole mensualmente una determinada cantidad de dinero, entre los 1.000 y los 4.000 euros, siendo un total transferido de 21.000 euros entre enero de 2022 y enero de 2023”. Esta cuantía fue destinada por ella, según el documento, “al pago de la renta por el piso que tenía alquilado en Estepona, así como para gastos propios”.

La mujer fue contratada en el Ayuntamiento “al mes siguiente” de que “estos pagos finalizaran en enero de 2023”, remarca el auto, recordando respecto al desempeño del puesto que ella llegó a declarar ante el juez que “nunca realizó labor alguna, ni poseía despacho ni lugar habilitado para ello”. Asimismo, en la documentación facilitada por el Área de Recursos Humanos municipal el juez señala que “no consta registro de control horario, ni expediente administrativo alguno ni de otra naturaleza en el que haya intervenido”.

El auto también hace referencia a la declaración en febrero de este año del concejal de Control Externo, Blas Ruzafa -área en la que la también investigada en la causa estuvo contratada-, manifestando que “estos cargos son de elección directa del alcalde, sin control alguno de su desempeño, confirmando que no le consta actuación laboral alguna de la misma”.

El juez destaca además en el auto “contradicciones” sobre el “contenido de la labor” de la contratación, sin que “haya podido constatar todavía… cuál era el verdadero cometido”. Ello debido a que en un informe del concejal del área se indica que la función era “recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, la iluminación, el ornato de la jardinería y el mobiliario urbano, tareas apreciables a simple vista”, destacando que durante ese período ella “estaría residiendo en su localidad de origen, Córdoba”. Mientras, el alcalde señaló al instructor que el contrato era para “estar pendiente de las redes sociales”.

El alcalde presentará pruebas de “acusación falsa”

El Ayuntamiento de Estepona ha destacado que la prórroga de la instrucción “es necesaria para que el alcalde se pueda defender y presentar pruebas de una acusación falsa”, volviendo a lamentar que se trata de “una inadmisible e injusta campaña política y mediática” con el único objetivo de “dañar la dignidad y trayectoria política” de García Urbano.

En este sentido, ha recordado el “archivo definitivo” de otra causa judicial contra el alcalde por supuesto acoso sexual, denunciada por la entonces pareja de la ahora investigada por presunta malversación, en cuya investigación ella llegó a declarar como testigo y puso de manifiesto su vinculación laboral con el Ayuntamiento, lo que derivó en la apertura del caso que ahora se instruye.

Así, “la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la falsedad de su relato y que, por tanto, el alcalde ha sido víctima de una denuncia falsa por parte de esa persona”, ha remarcado el Ayuntamiento. La defensa del regidor insiste en “la falsedad de las declaraciones de dicha persona” y defiende que “no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde”.