Los letrados de la administración de Justicia, los conocidos antiguamente como secretarios judiciales, comenzaron este martes su primera huelga indefinida para reclamar al Gobierno mejoras retributivas y laborales. Este paro ha provocado la paralización de numerosos juicios, una situación ante la que el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha manifestado su "preocupación".

"Son numerosas las incidencias y suspensiones de actos judiciales que se están produciendo con los consiguientes perjuicios para los abogados y ciudadanos que no son avisados de estas suspensiones hasta el momento de comparecer", ha denunciado. Además del retraso del transcurso de los procedimientos, González critica que la huelga está ocasionando "desplazamientos innecesarios, muchas veces entre provincias", lo que, a su juicio, "podrían evitarse con un aviso previo". "Queremos llamar a la responsabilidad de todos, sin entrar a valorar las posturas mantenidas por las partes en este conflicto”, ha apostillado el decano de la Abogacía de Málaga.

Durante los dos primero días de paros, en la provincia de Málaga, se han suspendido al menos 200 por día -un mínimo de 400 durante las dos primeras jornadas de paro-, más del 50% de los señalados, según aseguraron a este periódico periódico fuentes judiciales.

El secretario Provincial de Málaga, Francisco Javier Izquierdo, precisó que el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia contaba este miércoles con 152 efectivos en la provincia -sin tener en cuenta los 22 funcionarios de permiso y los cuatro de baja-. De ellos, un total de 47 secretarios judiciales han secundado la huelga y 29 han estado cumpliendo con los servicios mínimos, por lo tanto han sido un total de 76 los letrados los que no se han sumado al paro.

Las asociaciones convocantes: Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), exigen mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, entre otras cuestiones. Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar". Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76 % en tres años.

Según las cifras facilitadas por ese departamento, tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28 oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140 % más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles".

"Esta huelga indefinida no tiene ningún motivo laboral; tiene claros motivos políticos", manifestó este lunes el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien hizo un llamamiento a los letrados para que no "hagan rehenes" a los ciudadanos.

Tras oír sus palabras, el comité de huelga reclamó su cese, al considerar que "sus mentiras, sus difamaciones y su palabrería pretendidamente hiriente" le inhabilitan para el cargo, y ratificó que reclamarán "hasta las ultimas consecuencias" una subida salarial que dignifique la profesión y un marco de representación "independiente y propio".