Los letrados de la administración de Justicia, los conocidos antiguamente como secretarios judiciales, comenzaron este martes su primera huelga indefinida para reclamar al Gobierno mejoras retributivas y laborales, un paro que ha provocado la paralización de juicios. En la provincia de Málaga se han suspendido al menos 200 por día -un mínimo de 400 durante las dos primeras jornadas de paro-, más del 50% de los señalados, según han asegurado a este periódico periódico fuentes judiciales.

El secretario Provincial de Málaga, Francisco Javier Izquierdo, ha precisado que el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia contaba este miércoles con 152 efectivos en la provincia -sin tener en cuenta los 22 funcionarios de permiso y los cuatro de baja-. De ellos, un total de 47 secretarios judiciales han secundado la huelga y 29 han estado cumpliendo con los servicios mínimos, por lo tanto han sido un total de 76 los letrados los que no se han sumado al paro.

En cuanto a los servicios mínimos, estos días primeros días de huelga indefinida se han mantenido para causas urgentes, como pueden ser aquellas relacionadas con ingresos en cárcel, con menores o con violencia de género

Las asociaciones convocantes: Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), exigen mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, entre otras cuestiones. Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar". Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76 % en tres años.

Según las cifras facilitadas por ese departamento, tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28 oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140 % más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles".

"Esta huelga indefinida no tiene ningún motivo laboral; tiene claros motivos políticos", manifestó este lunes el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien hizo un llamamiento a los letrados para que no "hagan rehenes" a los ciudadanos.

Tras oír sus palabras, el comité de huelga reclamó su cese, al considerar que "sus mentiras, sus difamaciones y su palabrería pretendidamente hiriente" le inhabilitan para el cargo, y ratificó que reclamarán "hasta las ultimas consecuencias" una subida salarial que dignifique la profesión y un marco de representación "independiente y propio".

El consejero de Justicia pide un acuerdo al Ministerio

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado que dicho colectivo profesional tenía "un acuerdo cerrado con el Ministerio de Justicia", lamentando que el Gobierno central no "tenga en cuenta" dicho pacto y manifestando su deseo de que ambas partes alcancen un consenso. 

El consejero andaluz de Justicia ha considerado que la reivindicación de los Letrados de la Administración de Justicia "es bastante razonable", señalando que dicho colectivo profesional tenía "un acuerdo cerrado con el Ministerio de Justicia" y sólo reclama "que se cumpla ese acuerdo", por lo que ha lamentado que el departamento de Pilar Llop no "tenga en cuenta" las solicitudes de este grupo de profesionales. 

La situación, según ha dicho el consejero, está "haciendo mucho daño" al servicio público de la Justicia, defendiendo que se trata de una vertiente de la Administración de Justicia que "depende exclusivamente del Ministerio" y la Junta de Andalucía no tiene "margen" para actuar. En cualquier caso, ha manifestado su deseo de que ambas partes "se sienten de nuevo para alcanzar un acuerdo".