La Fiscalía pidió ayer un año de prisión por atentado y un mes de multa a Salvador R., al joven acusado de agredir el 5 de octubre de 2007 al actual delegado de Educación de la Junta, Antonio Escámez, cuando era director del instituto Torre del Prado de Campanillas. Salvador R. reconoció ayer que propinó un puñetazo a Antonio Escámez y después cayó sobre él, cuando trataba de preguntarle sobre los acontecimientos que habían provocado la expulsión de su hermano del centro educativo a raíz de un conflicto violento. El joven, no obstante, trató de explicar al tribunal que "se cegó" pero que inmediatamente se arrepintió de lo sucedido y esperó junto al instituto hasta que llegó la Policía Local a la que en ningún momento ocultó su participación en lo ocurrido.

Aunque Salvador R. indicó en la vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, que sabía que Antonio Escámez era el director del centro, afirmó que desconocía que este estatus implicara el carácter de autoridad. Al término de la vista oral, el acusado pidió perdón al actual delegado de Educación. Escámez, que declaró en la vista oral tras evitar los pasillos comunes y acceder a la sala de juicios a través de la puerta de los magistrados, precisó que aquella tarde acababa de despedir el autobús escolar y se disponía a inspeccionar el centro tras tener noticias de un posible foco de pulgas.

Entonces el acusado, que circulaba en un ciclomotor e iba ataviado con ropas de trabajo, se acercó a él y tras conformar que era el director del centro le preguntó sobre las circunstancias que habían provocado la expulsión de su hermano. El delegado de Educación afirmó que le desafió al decirle que se pusiera "chulo" si se atrevía. Después le dijo que "o le quitaba el correctivo a su hermano o de allí no me movía".

Escámez le explicó el procedimiento de corrección al hermano del acusado y, seguidamente, le dijo que tenía una actitud amenazante y denunciable. "Traté de abrir la puerta del instituto e ir a coger el móvil, pero en ese momento se abalanzó sobre mí, me rompió la camiseta y me golpeó en la base del cráneo". Esto motivó que las gafas salieran desprendidas y él cayera al suelo, "donde siguieron los golpes mientras yo estaba en posición fetal y desorientado". Este asunto trató de celebrarse como juicio de faltas en octubre de 2007, poco después de ocurrir los hechos, sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 14 suspendió la vista para que se tramitara como diligencias previas convencionales, al entender que de lo sucedido podría derivarse un delito de atentado a la autoridad.

De hecho, la Fiscalía entiende que se produjo un delito de atentado, por el que le pide un año de cárcel, además de una falta de lesiones por la que le reclama un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, aunque le aplica las atenuantes de confesión, reparación del daño en vía civil y dilaciones indebidas. Sin embargo, la defensa, ejercida por la letrada Cecilia Pérez Raya, argumentó la dificultad de que su patrocinado fuera consciente de la gravedad de los hechos por la condición de autoridad del director del centro, cuando entonces, ni siquiera "la Fiscalía tenía clara esta circunstancia". La abogada pidió la absolución y recordó el daño que pueden ocasionar a un joven que ha superado un proceso de drogadicción y prepara oposiciones a bomberos tener antecedentes penales.