No han llegado a representar ni mucho menos un gran número; pero en los últimos años el Ayuntamiento de Málaga sí que ha visto cómo un puñado de concursos para levantar viviendas quedaban desiertos o, a lo sumo, captaban a un par de empresas interesadas. Y es que la situación económica, con su alto riesgo y su comedida rentabilidad, lleva tiempo siendo un escollo para los promotores a la hora de lanzarse a emprender. 

Es por esto que promotores y administraciones públicas han unido sus voces en Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, para tratar de sentar las bases de nuevas uniones que arrojen resultados favorables en ambas direcciones, de forma que los primeros puedan seguir sacando al mercado viviendas nuevas a precio asequible y los segundos contribuir a desatascar un problema prolongado. Siempre con la mirada fija en las de carácter público. 

Al respecto, el director General de Finanzas Corporativas de Colliers International, Antonio de la Fuente, ha explicado que la elaboración de los pliegos debe contemplar a más actores de los que se tienen en cuenta en estos momentos. "Preparar un pliego no es sacarlo y probar. Hay que hablar con la banca, ver los costes reales, cuál es la rentabilidad. El escenario no es el de hace 14 ó 30 meses. El paradigma ha cambiado".

De la Fuente, asimismo, ha reclamado que tengan mayor cintura. "Si no somos capaces de que se puedan modificar las condiciones, muchos proyectos se van a quedar sin adjudicar" y ha pedido que se destine una mayor inversión en materia de asesoría para que no falle nada en todo el proceso: "Hemos visto colaboraciones público-privadas de 800 millones de euros en las que se contrataba a un asesor por 10.000."

Por su parte, el cofundador y miembro del Consejo de Lagoom Living, Javier Braza, ha expresado que el entorno de subida de tipos de interés tiene un impacto negativo en la rentabilidad, toda vez que ésta "viene con el largo plazo", lo que significa que, dados los tiempos que manejan, acostumbran a quedar desactualizados con prontitud. "Creemos en las alianzas leales, virtuosas, valoramos que pongáis el suelo, que trabajéis a nivel administrativo, si bien faltan figuras dinamizadoras. El promotor ni entiende de tiempos políticos", ha explicado en referencia a la burocracia que, acorde a las medias barajadas por el sector, hace que los proyectos inmobiliarios puedan demorarse una media de diez años.

"Ahora, ha quedado demostrado que cuando la administración puede correr, corre", ha añadido como contrapunto positivo, haciendo alusión al convenio suscrito el pasado 11 de noviembre de 2022 (en el marco del anterior Simed) entre Lagoon Living, el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central para la construcción y gestión de 530 pisos de alquiler en el sector Universidad VPO a precio asequible, y que cuenta con una subvención de los Next Generation por 26,5 millones de euros, un 45,68% del presupuesto estimado.

En este sentido, la secretaria General de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez, ha adelantado que ya se encuentran trabajando en la modificación de los módulos que contribuyen a fijar el precio de referencia por metro cuadrado de este tipo de viviendas.

El director general de Entidad Pública Empresaria de Suelo (SEPES), Fidel Vázquez, por su lado, ha querido hacer hincapié en la necesidad de coordinación entre las administración provincial, regional y nacional, y la iniciativa privada, para lo que ha puesto como ejemplo las 1.362 viviendas VPO proyectadas en Buenavista, en los terrenos donde estaba prevista la Expo, que cuentan con la formalización del contrato de la redacción del proyecto de urbanización de la parcela desde el pasado 24 de octubre. Una licitación que, no obstante, quedó desierta en primera instancia. 

Vázquez, de la misma forma, ha apuntado que desde  SEPES trabajan por "activar la mayor cantidad de suelo público para hacer viviendas en alquiler". Y ha tirado de retrospectiva: "En enero de 2022, teníamos siete actuaciones en seis ciudades, ahora vamos por 80 en todas las comunidades en diferentes niveles de maduración, 30 de ellas están muy avanzadas". 

Por su parte, el director gerente de la Agencia Pública del Instituto Municipal de la Vivienda, José María López, ha pedido que se aplique el principio de subsidiariedad, de forma que sea el propio Consistorio quien posea las competencias para abanderar medidas, así como que se trabaje en "los cinco elementos claves".

Éstas, según ha enumerado, serían la mejora de la seguridad jurídica, una simplificación administrativa, de las condiciones de financiación más blandas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Banco Europeo de Inversiones, la aportación anual de al menos un 1% del PIB para la vivienda y el impulso a nuevas tecnologías en materia de edificación.