La Agencia Tributaria se pone manos a la obra para acometer la reforma integral del histórico edificio de Hacienda en la Avenida de Andalucía de Málaga capital. Más de año y medio después de iniciar la mudanza de todos los servicios contenidos en el inmueble, dadas las malas condiciones de conservación del mismo y la necesidad de acometer trabajos de demolición interior, el organismo estatal da el primer paso en este proceso de reparación completa.
Y lo hace activando la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básicoy de ejecución de los trabajos, con un valor inicial de 292.290,86 euros, sin IVA, y un plazo de 10 meses. Las empresas interesadas en concurrir tienen de plazo gasta el próximo 4 de marzo.
Será este documento el que marque el camino a seguir para el desarrollo de la operación de rehabilitación del conjunto edificatorio, que cuenta con una superficie construida de casi 22.800 metros cuadrados (de ellos, 12.761,22 se encuentran sobre rasante y otros 10.029,86 bajo rasante). El inmueble, que cuenta con dos plantas sótano, una semisótano y once sobre rasante, data de 1980.
Debido al "deficiente estado de la estructura del edificio", la Agencia subraya la necesidad de acometer de manera "inmediata" una actuación sobre el mismo. Por ello, según se recoge en el pliego de condiciones técnicas, "se hace necesario acometer las obras de refuerzo y reparación de los elementos estructurales deficitarios". Y ello incluye también la renovación completa de acabados, carpinterías exteriores e instalaciones una vez reforzada la estructura.
En este sentido, se describen una serie de necesidades que tendrán que ser tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto. Entre ellas, la reparación y refuerzo de la estructura, garantizando con ello su estabilidad y seguridad; demoliciones de forjados; adaptación de huecos de los ascensores; impermeabilización de los muros del sótano; ejecución de nuevas rampas de acceso; renovación de cubiertas; mejora de la envolvente exterior…
Reconocen que el edificio incumplía las condiciones de seguridad contra incendios y la normativa de accesibilidad
Muestra de la envergadura de la intervención es que se maneja un presupuesto de 23 millones de euros de ejecución material. De esta suma, solo lo concerniente al refuerzo estructural y reforma del edificio, se tasa en unos 13,8 millones de euros. Si bien se precisa que será el proyecto el que fije los costes finales.
La propia documentación oficial habla de "deficiencias relevantes", destacando el proceso de "degradación" de las plantas sótano debido al efecto de la entrada de agua cada vez que se producía una inundación en la zona. Y es relevante las alusiones que se hacen sobre el incumplimiento de determinadas normativas de "obligado cumplimiento", siendo relevantes "los incumplimientos que afectaban a las condiciones de seguridad contra incendios y accesibilidad y cuya subsanación exige acometer actuaciones que afectan además de a las instalaciones, a la configuración general de accesos, núcleos de escaleras, circulaciones, ascensores…, que resulta imprescindible abordar en el marco de una obra de reforma general del inmueble".
Otra de las actuaciones contempladas es la modificación del acceso al garaje, buscando con ello evitar las afecciones negativas que han tenido las inundaciones ocurridas en la zona. Se plantea la posibilidad de desplazar este acceso a la fachada oeste a una cota superior. A todo ello se suma la necesidad de ejecutar acciones para adaptar el edificio a las normativas actuales en materia d seguridad y accesibilidad.
El pasado ejercicio, el inmueble fue sometido a obras de demolición interior necesarias para dejar la estructura vista de forma que sea posible conocer el estado y situación real de la totalidad de la estructura al objeto de que en el proyecto de refuerzo se pueda caracterizar detalladamente. Esos trabajos, que tuvieron un presupuesto de adjudicación de 684.640 euros, se iniciaron el 18 de diciembre de 2019 y finalizaron el 18 de septiembre pasado.
Debido a los problemas de seguridad y a la necesidad de dejar expedito el espacio para el desarrollo de estas demoliciones, todo el personal de los organismos que ocupaban el inmueble fueron desalojados y trasladados a otras dependencias. Buena parte de ellas implantadas en edificios arrendados por los organismos estatales. La previsión es que esta situación se mantenga aún durante varios años, a la espera de que se desarrolle la recuperación total de la sede de Hacienda.
Al tratarse de un edificio compartido entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, se ha de tener en cuenta la necesidad de cumplir una serie de directrices en lo que al diseño de los espacios interiores se refiere. Y en este sentido, el pliego de condiciones técnicas señala que la ocupación máxima prevista será de unos 730 puestos de trabajo. Esto puede suponer una merma respecto a las condiciones anteriores, ya que eran más de 800 los operarios que trabajaban en el edificio.
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