Málaga

El alcalde de Málaga sobre la limitación de los pisos turísticos: "Espero que la Junta avance rápido"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este lunes que espera que la Junta de Andalucía pueda "ir avanzando con rapidez" en la regulación para que los Ayuntamientos puedan limitar las viviendas con fines turísticos (VFT) por medio de sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), como ya pueden hacer en otras comunidades y, de hecho, ya se hace en municipios como Bilbao o Palma de Mallorca. 

De esta manera, De la Torre ha señalado que la agilidad con la que se trabaje desde la Junta de Andalucía permitirá que el Consistorio pueda "ir avanzando en este sentido [limitar el número de VFT]". Cabe recordar que el alcalde anunció la semana pasada que estudiaría el caso de Palma de Mallorca "y si es posible lo aplicaremos", si bien necesitaba de una regulación autonómica para ello, al señalar que "todos los intentos en otros municipios, han sido tumbados por los tribunales". 

La Junta de Andalucía, como adelantaba el pasado sábado este periódico, ya está trabajando en la modificación de un decreto que lo permita, siempre que para ello argumenten razones de "interés general". También las comunidades de vecinos podrán impedir esta actividad en sus inmuebles. Son las principales novedades de la normativa que prepara el Gobierno autonómico ante la "demanda social" que ha provocado un fenómeno que ha "distorsionado el modelo turístico de Andalucía", según adimitió el consejero de Turismo, Arturo Bernal.

"Supondrá un paso adelante", valoró positivamente De la Torre al respecto, que no dejó de señalar que tiene constancia de que la Junta "quiere hacer este tema en coordinación con el Gobierno de España". 

El titular de Turismo, Cultura y Deportes pretende que los cambios en la reglamentación vigente los apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta en el plazo de un mes. Después, el decreto pasará a información pública y también deberán pronunciarse organismos como la Agencia de la Competencia de Andalucía, además de consejerías como Economía y Hacienda y Medio Ambiente. 

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