Alertan de que la falta de facturación a europeos es un "lastre" para el SAS

"Existe evidencia de que la falta de facturación adecuada a la vez que la permisividad en la aplicación de la normativa que regula los derechos a la asistencia sanitaria en los diferentes supuestos está suponiendo un lastre para el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y una merma en la recuperación de sus costes". La frase, incluida en un informe de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), plasmó sobre el papel ya hace un año lo que en el mundillo sanitario es un secreto a voces: la escasa facturación a los europeos de la atención prestada en los centros sanitarios genera un agujero millonario al Servicio Andaluz de Salud. Hace ya más de un lustro, las autoridades sanitarias estimaron el déficit en más de 300 millones debido a la escasa facturación y a que en la provincia hay casi 400.000 comunitarios no empadronados por los que no se percibe compensación alguna para su asistencia sanitaria de los estados en los que cotizaron. El problema tiene tres caminos y todos suma para ese déficit millonario.

Camino número uno: los comunitarios empadronados. Por cada uno de ellos, mediante un sistema de compensación, Andalucía recibe 2.800 euros al año para hacer frente a sus gastos sanitarios. En la provincia hay más de 43.000 residentes europeos censados mayores de 65 años. Expertos estiman que el pago anual es bajo y debería revisarse al alza no para hacer caja, sino para compensar los gastos reales. Fundamentan que los comunitarios que residen en Málaga son mayores, padecen una o más enfermedades crónicas y que solo con los fármacos y alguna operación menor, esa cantidad queda superada por los costes. A estos ciudadanos no se les factura la atención porque el SAS ya recibe una compensación por ellos y tienen las mismas prestaciones sanitarias que cualquier español.

Camino número dos: los que residen de hecho, pero no están empadronados. Por esos comunitarios el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no recibe compensación de los estados en los que cotizaron porque no cuentan a efectos de financiación. No existen pese a que multiplican con creces el número de comunitarios empadronados.

Y camino número tres: los comunitarios que están de forma temporal en Málaga, que requieren asistencia sanitaria y a los que no se les factura. Estos tienen derecho -con la tarjeta sanitaria europea, igual que si un español se va de vacaciones a otro estado miembro de la Unión Europea y se lleva ese documento- solo a aquella asistencia de urgencia. El déficit surge cuando esa asistencia urgente no es facturada por los centros en los que han sido atendidos, cuando estos se exceden de lo urgente o les dan una prestación que en el país de origen no está reconocida. En estos dos últimos casos, el estado en el que cotizó rechaza la factura y España no cobra.

La guía de la EASP -que hace un análisis claro y práctico- aclara: "Las consecuencias de una facturación inadecuada y de la falta de los reembolsos económicos correspondientes no son imputables al Derecho comunitarios, sino a una gestión nacional y de las comunidades autónomas inadecuada".

El documento ya alertaba que debido a que España es un destino turístico importante "la atención sanitaria a los ciudadanos de otros estados miembros no asegurados en España está suponiendo un sobreesfuerzo para el Sistema Nacional de Salud (SNS)". Y añadía: "El SNS responde eficazmente pero, una vez prestada la asistencia sanitaria, puede y debe recuperar los gastos incurridos para que no suponga una sobrecarga económica". En tiempos de crisis en los que la palabra copago se escucha cada vez con más fuerza, el informe -que dice que mejorando mínimamente la gestión aumenta considerablemente la recaudación- el texto resulta muy oportuno: "Datos de facturación en Andalucía por atender a ciudadanos comunitarios señalan que es posible incrementarla notablemente".