Tras más de un año de negociaciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga parecen haber allanado definitivamente la senda que conduzca al acuerdo para construir 69 kilómetros de carriles bici nuevos en la ciudad. Como paso previo a la firma del convenio por el que ambas partes quedarán obligadas a repartirse la construcción de esta red de viales (75% la Junta; 25%, el Consistorio), la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la propuesta de acuerdo, según la cual a la Administración local le corresponde el desarrollo de obras valoradas en unos 4.134.000 euros, mediante los que materializar unos 17 kilómetros. Los restantes 52 kilómetros quedan en manos autonómicas.

De ellos, precisa la información oficial, un millón de euros ya habría sido aportado por el equipo de gobierno tras contratar en los últimos meses la ejecución de ocho kilómetros de carriles bici por este montante económico. No obstante, la posibilidad de que el Ayuntamiento incorpore estos trazados en el marco del citado Plan Andaluz de la Bicicleta dependerá de que los mismos tengan el visto bueno de la subcomisión técnica que ambas administraciones habrán de conformar dentro de la comisión de seguimiento del acuerdo marco y a la que corresponderán determinar si las obras respetan los criterios marcados por la iniciativa autonómica.

A la espera de que ello tenga lugar, la propuesta de convenio que ayer recibió el aval municipal parte de la premisa de que estas intervenciones serán aceptadas por la Junta. A partir de ahí, se señala la obligación del Ayuntamiento de invertir otros 3.134.600 euros en los años 2015, 2016 y 2017, fecha límite de aplicación del acuerdo. No obstante, se incluye la posibilidad de extender la vigencia del acuerdo hasta 2020 en caso de que el Consistorio tuviese dificultades para poder culminar todos los ramales contemplados.

La reacción por parte del delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Manuel García, fue positiva, al tiempo que confió en que este paso permita poner la rúbrica en las próximas fecha al acuerdo. Uno de los elementos que ha impedido hasta el momento la firma del acuerdo era la posición municipal respecto a la necesidad de que la Junta se hiciese cargo del pago de las tasas por la ocupación de la vía pública, a lo que se negaba la Consejería de Fomento. Parece que este detalle ha quedado solventado.