El juzgado de primera instancia número 12 de Málaga acaba de echar por tierra la decisión de la dirección federal del PSOE de suspender orgánicamente la agrupación socialista de Puerto de la Torre y crear una gestora por las presuntas irregularidades detectadas en el censo de militantes. El fallo judicial, fechado el pasado 29 de octubre, invalida los efectos de dicha resolución y la suspende de forma cautelar, según dio a conocer ayer el secretario general de la agrupación afectada, Antonio Utrera.

La decisión del juzgado se produjo a petición de los responsables de la agrupación de Puerto de la Torre, crítica con la actual dirección provincial, encabezada por Miguel Ángel Heredia, al entender que la intervención del órgano federal suponía "una vulneración de nuestros derechos fundamentales". En base a ello, y ante la imposibilidad de "argumentar y defenderse de las acusaciones que se hacían en el ámbito interno del partido" se optó por la vía judicial, comentó Utrera.

De acuerdo con el auto, el juzgado "estima que concurren razones que justifican adoptar la medida solicitada de forma inmediata y sin audiencia de la parte demandada, en atención a la vigencia del periodo asambleario para la elección de los órganos ejecutivos municipales y de distrito cuya finalización está prevista el próximo 15 de diciembre, e incluso, al parecer, recomendada desde la Comisión Ejecutiva Provincial para el ya inminente 31 de octubre de 2008".

La consecuencia inmediata de la medida no se hizo esperar. Utrera anunció la convocatoria para el próximo 14 de noviembre de la asamblea en la que será elegida la nueva dirección de la agrupación de Puerto de la Torre, proceso al que, según informó, no concurrirá. "He defendido siempre la limitación de mandatos y voy a cumplir dos periodos de cuatro años al frente de la formación", comentó, al tiempo que abogó por "dar un paso atrás".

La dirección provincial socialista motivó la suspensión orgánica de la agrupación en las presuntas irregularidades detectadas en el censo. El pasado mes de abril abrió un expediente tras la denuncia de un grupo de personas de la misma familia que dijo haber recibido el carné de militante sin haberlo solicitado, a lo que se suma que supuestamente hay una persona que fue dada de alta unos meses después de haber fallecido y un guardia civil. Utrera rechazó todas estas acusaciones. "Ni muertos ni heridos entre los afiliados", comentó. Además, tendió la mano para lograr un acuerdo interno con los actuales responsables de la formación.

Desde la dirección provincial del PSOE, el secretario de Organización, Francisco Conejo, eludió hacer valoraciones hasta no tener conocimiento oficial del auto, que en la tarde de ayer no les había sido remitido.