Aplazados dos desahucios en Santa Julia, en Málaga

Después de la presión vecinal, política y el diálogo los dos desahucios programados este lunes en el barrio de Santa Julia se han aplazado. El primero de ellos, señalado este lunes a las 9 de la mañana era el resultado de haberlo aplazado hace once días, cuando Carlos, Carmen y sus tres hijos firmaron un aplazamiento con la propiedad con la voluntad de dejar la vivienda. Una hora antes de que se iniciase la negociación la comitiva judicial, ya había un fuerte cordón judicial en la calle Serrana que no dejaba acceder a los que se acercaron después de las ocho a solidarizarse con la familia desahuciada. Pese a ello, ya estaban allí vecinos, miembros de asociaciones y Alicia Murillo, Pablo Orellana –concejales del PSOE en Málaga– y Nicolás Sguiglia –Unidas Podemos–.

Los momentos de tensión han llegado a su punto más alto cuando la policía no dejaba acceder a las personas que querían mostrar su apoyo al interior de la calle, que estaba cortada por agentes en sus dos extremos. Entre las personas que no podían acceder hasta el mismo portal en el que estaba llamado a producirse el desahucio estaba la concejal de Unidas Podemos, Remedios Ramos.

La hija mayor de la familia, Carmen, ha querido agradecer a los presentes la presión para que se les conceda un mes más de plazo para buscar una alternativa habitacional, además de recordar que los momentos de tensión en el interior del piso han sido numerosos, "incluso teníamos ya muebles junto a la puerta por lo que pudiera pasar", ha dicho, haciendo referencia a una posible entrada por la fuerza de las autoridades.

En un primer momento, la comitiva judicial se acogía a la voluntad de dejar la vivienda firmada hace once días por Carlos, padre de la familia, para proceder al alzamiento, que finalmente ha sido aplazado con la mediación de Abanico Solidario y representantes de la oposición.

Francisco Álvarez, portavoz de Abanico Solidario, ha asegurado que esta "es una victoria a medias, ya que sólo se aplaza el desahucio en Santa Julia". Esta asociación ha sido la que ha facilitado un abogado a la familia, que estaba representada por un abogado de guardia. Francisco Javier Arévalo ha descrito que la moratoria se ha negociado por la necesidad de la familia de más tiempo para "hacer el traslado y encontrar una vivienda".

Los concejales de la oposición Nicolás Scguiglia y Pablo Orellana han incidido en la situación del barrio, en la que "los grandes propietarios están poniendo en marcha una operación especulativa con estas viviendas". Además. han instado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y al concejal delegado del área de Vivienda, Francisco Pomares, a que busquen "una solución habitacional a esta familia, tienen los medios para hacerlo, es sólo voluntad política".

Además, han recordado el mal estado de las viviendas, que "se niegan a reparar para que los vecinos se vayan". Señalando las humedades, mal estados de puertas y ventanas, falta de reparaciones, inexistencia de comunidad en los bloques o de luz en los portales.

El segundo de los alzamientos señalados esta mañana se ha aplazado hasta el 16 de junio, con la intención de negociar la deuda adquirida por Abdelghafour, un ciudadano holandés con una pensión por discapacidad que vive en este piso desde hace seis años junto a su esposa y cuatro hijos menores.

Detalla Abdelghafour que el estado de su propiedad es insalubre, y que su mujer y sus hijos duermen en el salón "porque les da miedo dormir en los cuartos por su estado, yo tengo que dejar la puerta abierta para poder respirar por las humedades". En el momento de la denuncia del propietario, Abdelghafour debía 5.075 euros que ha abonado esta mañana por recomendación de su abogado de oficio, pero al no seguir abonando las mensualidades su deuda asciende por encima de los 9.000 euros.

Para afrontar el pago de los 5.075 euros que le reclamaban ha tenido que pedir un crédito. Abdelghafour asegura que llegó a un acuerdo con el anterior administrador, por el que le permitía hacer reparaciones en la vivienda y que se fueran descontando del alquiler. Es por ello por lo que se ha negado a pagar las mensualidades, pidiendo que "le den una casa que no necesite reparaciones y en la que se pueda vivir, aunque sea más cara".

Abdelghafour cuenta con una pensión por discapacidad de 1.000 euros y el alquiler de su vivienda es de 300 euros, también cuenta con un informe de vulnerabilidad social. Su mujer no trabaja y con ese sueldo mantiene a sus hijos de 13, 11, 9 y 5 años. La actual administradora se ha mostrado dialogante en todo momento, buscando una solución para poder refinanciar la deuda. El representante de Abanico Solidario, Francisco Álvarez, ha asegurado que el acuerdo alcanzado es "muy bueno". Su abogado de oficio no se ha personado la mañana del lunes en el desahucio y no presentó el informe de vulnerabilidad para que Abdelghafour pudiese acogerse al escudo social por "encontrarse de vacaciones", según indica el propio Abdelghafour.