Málaga

Archivan una denuncia contra la Junta por autorizar una obra en el Genal

  • La Comisión Europea no ve indicio de infracción en la actuación de un particular

Un año ha tenido que esperar el Grupo de Trabajo del Valle del Genal para que la Comisión Europea se pronuncie sobre la denuncia que interpuso a la Consejería de Medio Ambiente por un presunto delito ecológico cometido en el cauce del río que lleva el mismo nombre. Y la respuesta no ha sido la esperada ya que esta institución de la Unión Europea ha decidio archivar el expediente ante "la imposibilidad de una infracción del derecho aplicable".

La denuncia se refería a unos movimientos de tierras en el río Genal, a su paso por el Puente de Gaucín, detectado en el verano de 2010 en un tramo protegido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por sus valores ecológicos. Las actuaciones afectaron, según el colectivo ecologista, a 500 metros del cauce del río y consistieron en la expansión de la lámina de agua "homogeneizando el cauce y eliminando las zonas de pozas fundamentales para la supervivencia de los peces que durante la época estival se encuentran en periodo de reproducción y crecimiento de los alevines".

La investigación realizada por el Grupo de Trabajo Valle del Genal concluyó que fue una actuación autorizada por la misma Consejería de Medio Ambiente, que otorgó licencia para "limpieza de cauces", para defenderse de las crecidas normales del río, a un particular que supuestamente había invadido el dominio público hidráulico "sin ninguna evaluación de impacto ambiental e ignorando completamente los valores del LIC".

Sin embargo, la Comisión Europea informó el pasado 5 de julio a la asociación, y tras haberle solicitado más información sobre lo ocurrido, de que "no incluye elementos nuevos sustanciales que permitan formarse una opinión diferente a la que motivó el archivo del expediente anteriormente".

Pese al varapalo recibido, este grupo ecologista ya ha anunciado que recurrirá al Defensor del Pueblo de la Unión Europea para tratar de que se reconozcan los daños ecológicos en este tipo de actuaciones que ni la Guardia Civil ni la Fiscalía de Medio Ambiente tampoco han reconocido.

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