Los Al Asad querían crear en una finca de Benahavís "una ciudad siria"

Familiares del presidente sirio, Bashar Al Asad, querían crear en una enorme finca de Benahavís una "ciudad siria" con viviendas, centros comerciales e infraestructuras para que fuera ocupada por una comunidad de sirios, según detalla el juez que investiga el patrimonio de la familia en España.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata puso en marcha ayer una operación contra Rifaat Al Asad, tío del presidente sirio, y varios de sus familiares con 15 registros (la mayoría en Puerto Banús) y el bloqueo de cuentas corrientes de 16 personas vinculadas a la familia. En su auto de registro, el juez detalla las propiedades que a partir de 1988 adquirió Rifaat Al Asad con los 300 millones de dólares de dinero público que le dio su hermano Hafez, entonces presidente sirio, tras expulsarle cuatro años antes de Siria por temor a que diera un golpe de Estado.

Entre ellas destaca una finca llamada La Máquina que compró en 1988 a través de la empresa Fironad y que ocupa 33 millones de metros cuadrados, un tercio del municipio de Benahavís, donde está enclavada. En esta finca, detalla el juez en su auto citando "información obtenida por distintas vías", los Asad querían desarrollar "lo que habrían llamado la ciudad siria" para que fuera ocupada por ciudadanos de su país. Sin embargo, actualmente mantienen una "lucha legal", dice De la Mata, con la Junta de Andalucía, que estaría realizando gestiones para declararla parque nacional, lo cual perjudicaría los intereses de la familia del presidente sirio.

De estas gestiones se ocupa el despacho Montero y Aramburu, motivo por el cual el juez decretó ayer su registro para intentar obtener documentación sobre la forma de pago de la finca o las posibles inversiones previstas, así como parcelaciones y ventas de la finca u otra información de interés. La Máquina, que tiene un valor actual de 60 millones de euros, es solo una de las 503 propiedades que los Asad, que residen en Francia, donde está imputado Rifaat, adquirieron en España de 1988 a 2005. Estos inmuebles están valorados en 690 millones de euros y fueron financiados, asegura el juez, con el dinero que Rifaat obtuvo ilícitamente de su hermano, que lo sustrajo a su vez de las arcas públicas sirias.

El tío del presidente de Siria, y su entorno familiar comenzó en 1988 la inversión inmobiliaria en Marbella y, de hecho, en abril de dicho año habría adquirido fincas a nombre de sociedades gibraltareñas, siendo éstas las primeras compras que se han detectado en España, según se extrae de la investigación iniciada en la Audiencia Nacional, y que dio lugar este pasado martes al registro de una veintena de propiedades de ese núcleo familiar. La operación contra el blanqueo de capitales y organización y grupo criminal fue desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía de Francia por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El magistrado ordenó, además de los registros, el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Asad y de otras 76 de personas jurídicas.

En la localidad malagueña, el entramado societario posee 107 apartamentos, más de 240 plazas de aparcamiento, hoteles, discotecas, restaurantes, y un chiringuito de playa, según se desprende de la investigación, dando algunos pérdidas, pero habiendo obtenido en los últimos diez años contables más de 680.000 euros de ganancias totales estos negocios. Además, le constarían sociedades en Gibraltar y 27 en Panamá, de las que la gran mayoría de estas últimas estarían disueltas. Según los datos de la investigación, sólo algunas de las propiedades están a nombre de familiares, aunque la mayoría son de titularidad de sociedades que sí administran esos familiares, como son dos de sus mujeres, ocho hijos y dos nueras.

Francia abrió una investigación sobre Rifaat Al Asad en 2014. Esas pesquisas permitieron concluir que la fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos, la habría utilizado para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Lichtenstein y Luxemburgo. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. De esa investigación se extrae que ninguna persona física es titular de las propiedades y que todas las empresas creadas o recompradas por el cabeza de familia para gestionar el patrimonio inmobiliario se constituyeron en paraísos fiscales.