La Audiencia ordena investigar 30 flecos nuevos del caso Malaya

La familia de Jesús Gil será investigada por presunto blanqueo de capitales obtenidos en negocios en los que se mezclaron la gestión municipal y los intereses privados. La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que juzgará el caso Malaya, ha acordado a petición de la Fiscalía Anticorrupción deducir testimonio para que se investiguen 30 flecos surgidos durante la investigación de la operación Malaya.

Tal y como plantea el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, estos asuntos se indagarán en procedimientos separados de Malaya, con el fin de no dilatar más el rumbo de este sumario que se quiere juzgar a partir del próximo 27 de septiembre. Se trata de siete asuntos, uno de ellos relacionado con los Gil, que en principio podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, además de otros 23 relacionados con actuaciones urbanísticas y venta de bienes municipales en los que se aprecian indicios de prevaricación, fraude, malversación, delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y alzamiento de bienes.

Jesús Gil y su entorno habían quedado inicialmente fuera del caso Malaya. Sin embargo, a raíz de un informe emitido por la Agencia Tributaria en julio del año pasado que apuntaba varias operaciones en las que presumiblemente se blanquearon cerca de 40 millones de euros, han surgido nuevas sospechas de lavado de capitales en seis operaciones en las que participaron junto a Juan Antonio Roca, el fallecido alcalde de Marbella y sus hijos, María Ángeles y Miguel Ángel Gil, así como el ex concejal de este municipio Mario Jiménez Notario, hijo del desaparecido José Luis Jiménez, gerente de Contratas 2000, firma principal utilizada para el desfalco del Ayuntamiento de Marbella en el caso Saqueo I.

El escrito elevado a la sala por Anticorrupción a finales de abril detallaba los intereses compartidos de las familias Gil y Jiménez con Juan Antonio Roca. Así explicaba que a través de la sociedad Spanish Learning Friends, participada al 50% por Inmobiliaria Mizar, administrada por María Ángeles Gil Marín, compraron una finca de 18.000 metros en Estepona. La Fiscalía apunta que Mizar obtuvo un beneficio de 330.000 euros. El conjunto de operaciones realizadas con esta mercantil pudieron generar, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria, un blanqueo próximo a los 3 millones de euros.

La segunda operación relacionada con esta "subred de blanqueo", según denominación de la Agencia Tributaria, fue el negocio financiero e inmobiliario formalizado a través de Rafly, coparticipada por los Gil al 50% junto a la familia Jiménez y Roca. En este caso se compró, con financiación de otra sociedad de la familia Gil, un crédito del Ayuntamiento de Marbella por 1,5 millones de euros que acabó en manos del empresario Javier Arteche por 3 millones. La Agencia Tributaria estima en 5,9 millones el capital supuestamente blanqueado.

También compraron con Inmobiliarias Cumana un local por 338.000 euros que fue vendido por 714.000 euros más IVA y luego permutado en una cadena de operaciones que los investigadores creen que permitieron lavar a 2,6 millones. El fiscal apunta que Mizar logró plusvalías de 646.000 euros en operaciones a través de Aragonesas de Finanzas Jacetanas, mientras que la Agencia Tributaria tasa en más de 28 millones el blanqueo supuestamente realizado por esta firma. También alude a otras ventas de inmuebles como un edificio de oficinas en Los Cipreses a Agropecuaria Valdeolivas, administrada por Miguel Ángel Gil Marín.