El encarecimiento de la vivienda en Málaga capital, con zonas en las que el valor iguala o supera el de la etapa del boom inmobiliario, empieza a condicionar y de manera clara la estrategia del Ayuntamiento. Un ejemplo palmario es que la próxima convocatoria de compra de pisos para destinarlos al alquiler de familias necesitadas elevará de manera apreciable el precio de referencia. De los 60.000 euros que se establecieron años atrás como límite tope, se va a pasar a 98.000, un 63% más, en la confianza en que de este modo haya propietarios dispuestos a vender sus inmuebles.

El movimiento ahora planteado por el equipo de gobierno, según fuentes consultadas por este periódico, sigue la línea ya adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla, que en su programa de adquisición de pisos establece este mismo precio. De acuerdo con el análisis de los responsables municipales era necesaria una actualización de los parámetros económicos, dada la variación significativa que en los últimos ejercicios ha sufrido en sector inmobiliario.

Para acudir al mercado en la búsqueda de estos pisos, que deben recoger unas condiciones mínimas, el Ayuntamiento dispone de un millón de euros. La reserva económica forma parte del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) presentado el pasado jueves por el alcalde, Francisco de la Torre, dotado de 31 millones de euros y que se alimenta del remanente logrado del presupuesto de 2018. Conforme a esta asignación, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) confía al menos en lograr la adquisición de un decena de inmuebles, número que podría ampliarse si hay algunas propuestas por un valor interior.

La decisión de actualizar el precio tope viene siendo objeto de análisis en el seno del Consistorio mediados del año pasado, cuando se constató que se empezaba a topar con un problema evidente. En aquel entonces se abrió la puerta a revisar las condiciones mínimas exigidas para la compra de viviendas y su incorporación al patrimonio municipal.

Un plan exitoso en los años 2014, 2015 y 2016, con la compra de 44 pisos, pero que se vio frenado en seco, al punto de que los 750.000 euros reservados para este fin no pudieron gastarse porque no encontraron propietarios interesados en desprenderse de sus inmuebles a un máximo de 60.000 euros. El entonces concejal de Derechos Sociales Raúl Jiménez vino a resumir el nuevo campo de acción. Si un piso costaba años atrás en la zona oeste unos 60.000 euros, en ese momento podía estar por encima de los 80.000.