El papel del Ayuntamiento de Málaga a la hora de tramitar los expedientes sancionadores abiertos en los últimos once meses del año por el incumplimiento de la ordenanza de Vía Pública, que rige, entre otras materias, la instalación de las terrazas de bares y restaurantes, queda en evidencia. Los datos oficiales aportados por Gestrisam, ente encargado de tramitar las multas y velar por su cobro, elevan a apenas 24 los expedientes sancionadores tramitados por este motivo. Y de ellos, apenas 8 dieron lugar a la adopción de una resolución sancionadora. ¿Y cuántos de estos fueron cobrados? Según la información, apenas 7.

La información contrasta con el supuesto refuerzo de control del que viene informando el área de Promoción Empresarial en los últimos meses. El comportamiento tampoco es especialmente relevante si se acotan los números a 2017, cuando se tramitaron 105 sancionadores, se resolvieron con multa 44 y se cobraron 26.

Todo ello queda recogido en una reciente respuesta emitida por Gestrisam ante una petición realizada por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo el pasado 28 de noviembre. En la pregunta, el colectivo vecinal se interesaba de manera precisa por los expedientes "abiertos como consecuencia de las denuncias –por incumplimiento de la ordenanza de vía pública– y la información y estado de tramitación". Al tiempo, demandaba saber "el número de resoluciones sancionadoras adoptadas y cuántas se han ejecutado".

La reacción de los vecinos del casco antiguo, que vienen desde hace años denunciando "la inacción" municipal en esta materia, no se hizo esperar. El vicepresidente de la asociación, Alejandro Villén, puso de relieve que frente a cada uno de los principales problemas con los que se topan los residentes (vivienda turística, el ruido y la ocupación de vía pública), estos se topan "con la pasividad del Ayuntamiento y a veces con una política activa de mantener las irregularidades para beneficio de unos pocos particulares". Y ello ya sea "demorando medidas obligatorias contra el ruido o declarando públicamente que no existen quejas en el 010 sobre problemas causados por la viviendas turísticas", indicó.

Pero de manera más precisa, Villén es contundente en lo tocante a las terrazas de los negocios de hostelería. A su juicio, la cantidad de sanciones en lo que va de año es "ridícula", siendo igualmente baja la reconocida en 2017. "Nuestra sorpresa al conocer los datos ha sido mayúscula y no sabemos bien cómo interpretar estos números; sospechamos que aparte de que nuestra Administración local no tiene la intención de actuar de oficio, que es su obligación, muchas sanciones se pierden por el camino", añadió.