El papel inspector y sancionador del área de Comercio en su propósito de poner freno a los excesos de ocupación de vía pública se dispara. Tras ser señalada durante años por la falta de control de las terrazas de los negocios de hostelería, los nuevos responsables del departamento han reforzado su intervención tras la aprobación de una nueva ordenanza y la mejora de la coordinación con la Policía Local. Los datos aportados por el área confirman esta tendencia, al observarse un crecimiento próximo al 40%.

Hasta el pasado 30 de septiembre, la cifra de visitas de control a establecimientos superó el millar, lo que hace una media de cuatro diarias. Esta labor sobre el terreno, facilitada en buena medida por la estrecha participación de los agentes de la Policía Local y de los cinco inspectores con los que cuenta el departamento municipal, dieron lugar en este intervalo de tiempo a apertura de 720 expedientes “por ocupaciones de hecho”, la mayoría de ellas localizadas en el entorno del Centro histórico. Ello contrasta con los 496 expedientes incoados por esta misma razón el año pasado, lo que implica un 45% de incremento.

Las actuaciones por ocupaciones de hecho se tradujeron en la generación de liquidaciones tributarias a los propietarios de los negocios que superaban las superficies de mesas y sillas autorizadas. El monto global de dichas penalizaciones alcanzó los 245.653 euros. El 60% de esta cuantía, 147.248 euros, relacionado con los apercibimientos realizados a locales del casco antiguo.

Pero a este primer toque de atención a los empresarios que incumplen la normativa, hay que sumar un segundo de mayor severidad a aquellos que incumplen de manera reiterada la norma. En este caso, según detallaron desde el área, se abrieron hasta el 30 de septiembre pasado cerca de un centenar de decretos de retirada de los excesos de ocupación de la vía pública. En todo el ejercicio pasado, esta misma reiteración en la infracción motivó la apertura de 73 decretos, casi un 37% más. El reparto geográfico de los decretos de retirada es similar en la mayoría de distrito de la capital, a excepción del Centro histórico, que aglutina el 40% de la totalidad, siguiéndole a cierta distancia el de Carretera de Cádiz.

“Estamos trabajando de forma silenciosa, muy discreta pero muy contundente en la aplicación de la nueva ordenanza de ocupación”, ha destacado la concejala de Promoción Empresarial, Elisa Pérez de Siles, quien ha incidido en que el trabajo “empieza a dar resultados”. “La labor inspectora que estamos llevando a cabo es fundamental, no solo para mejorar zonas que cuentan con excesos de ocupación, sino sobre todo, para favorecer la imagen de los hosteleros que cumplen, que afortunadamente son la mayoría, y que se ven perjudicados por la visión negativa genérica que se da en muchas ocasione”, ha apostillado.

Una de las principales novedades de la nueva ordenanza es que simplifica el proceso de intervención de la Policía Local, que en buena medida es la que se encarga de hacer seguimiento del cumplimiento o no de los expedientes ya abiertos. En el supuesto de que se constate que el incumplimiento se mantiene, los agentes lo comunican “y se abren medidas más extremas”, pudiendo la propia Policía “obligar a cumplir con el decreto”.

Desde el área admiten la existencia de varios casos en los que ya existe informe policial confirmando el nuevo incumplimiento del negocio, lo que podrá derivar en la retirada parcial o hasta total de la terraza. Las nuevas posibilidades que fija la normativa “genera un efecto disuasorio grande”. “Hay una mayor concienciación por parte del hostelero, el grado de incumplimiento no es mayor de un 10-15%”, admitieron desde el departamento municipal del sector.

A esta fase de intervención a pie de calle hay que añadir la labor de revisión que se está efectuando sobre la totalidad de autorizaciones concedidas en la ciudad con el fin de determinar si todas están al día en el pago de las tasas correspondientes. Sobre ello, desde el área municipal advierten de que los que no actualicen sus obligaciones económicas con el Ayuntamiento “no verán renovadas sus autorizaciones”. “Se va a hacer un plan de acción para los meses de octubre y noviembre”, han informado, incidiendo en que será al finalizar ese periodo cuando se detallará a los propietarios que no estén cumpliendo con el pago el estado de sus abonos, fijando un plazo para que normalicen la situación. En los casos en que tras el aviso no haya reacción, el área de Comercio no renovará las autorizaciones de terraza.