Más de 30 años después, el Ayuntamiento de Málaga pasará a ser propietario formal y registralmente de la parcela de suelo localizada frente a la Comisaría provincial de la Policía Nacional. Las negociaciones mantenidas en los últimos meses por los responsables municipales y de la Junta de Andalucía han permitido allanar el camino para dar cumplimiento a una de las compensaciones que fueron fijadas en un convenio que data de 1988. El acuerdo marco recogía la entrega por parte de la Administración regional al Consistorio de una serie de parcelas, entre las que se incluye la que ahora es objeto de atención.

Se da la circunstancia de que buena parte de las fincas incluidas en aquel listado tienen uso desde hace años, a excepción de esta pastilla, que fue asentamiento de instalaciones provisionales, como el circo; que llegó a manejarse incluso para la construcción del auditorio, y que fue objeto de interés de un grupo promotor dispuesto a construir una torre de casi 260 metros de altura.

La realidad, sin embargo, es que este solar, calificado como de equipamiento, sirve a día de hoy como aparcamiento provisional. Y así seguirá ocurriendo por un tiempo más. Así al menos lo señala el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien confirma la previsión de que la cuestión quede resuelta de manera inminente. Para ello, conforme a los contactos técnicos y políticos acelerados en los últimos meses, el Ayuntamiento solicitará a la Junta la reversión del terreno, procediéndose a la liquidación del acuerdo de hace tres décadas.

Sobre el futuro del emplazamiento, López precisa que la decisión final habrá de tomarse más adelante, dentro de un proceso de contacto y diálogo con el distrito y otras áreas municipales. Pero no esconde la necesidad de que en el futuro sirva para un equipamiento de envergadura. "Dada la localización estará destinada a medio y largo plazo a albergar un equipamiento importante de la ciudad, que mejore el barrio y genere un punto de referencia en la entrada a la ciudad y dé fuerza a esa zona", expuso el edil.

El origen del tema reside en un convenio rubricado con la entonces Consejería de Obras Públicas en septiembre de 1988. El mismo sentaba las bases para que el Ayuntamiento recepcionase el polígono Alameda y la zona norte de la barriada de Carranque, comprometiéndose, a su vez, a redactar y ejecutar parte de las obras de urbanización de la zona, por valor de 500 millones de pesetas (otros 500 millones los aportaba la Junta). En compensación, la entonces Empresa Público de Suelos de Andalucía (EPSA) cedería a la ciudad 26 parcelas de equipamientos sociales y educativos, entre otras.

Tres décadas después sigue sin materializarse parte de aquel convenio. Y ello a pesar de las gestiones que de manera reiterada ha venido realizado el Consistorio desde hace años. Muestra de ello fue el escrito enviado a la Junta en 2008 reclamando la parcela o, ya en 2016, el acuerdo adoptado por el Pleno municipal exigiendo que en un plazo de seis meses se procediese a la entrega del solar.

En aquella sesión se dio cuenta de manera pormenorizada de los movimientos realizados por el Consistorio, señalándose que la Junta llegó a posponer en un principio la cesión "porque la parcela estaba bajo la titularidad del Estado y que, una vez fuese transferida a EPSA  sería cedida al Consistorio". "Más tarde se demostró que EPSA era la titular registral del suelo y no había motivos para dilatar la cesión del mismo al Ayuntamiento de Málaga y, por tanto, para cumplir el convenio firmado en 1988", se agregaba en la iniciativa. Ahora sí parece que la espera llega a su fin. El último encuentro celebrado hace apenas una semana permitió sentar las bases para dar carpetazo al asunto.

La historia de este solar guarda cierta semejanza con lo ocurrido con los terrenos del antiguo Hospital del Tórax, cuya recuperación fue activada por el Ayuntamiento hace algunas semanas. Como ahora se desvela con la parcela situada junto a la Plaza Manuel Azaña, la finca que acogió el antiguo equipamiento sanitario, de 20.000 metros de superficie, tendría que haber retornado a la ciudad (la propiedad es compartida con la Diputación) en 1983, cuando las instalaciones dejaron de funcionar.

La relación de documentos oficiales vienen a confirmar el olvido de la Junta con estas dos propiedades durante décadas. Dos localizaciones que llegaron a formar parte de las negociaciones mantenidas por el anterior Gobierno andaluz y el Ayuntamiento cuando se manejaba la posibilidad de cambiar a hotelero el uso del edificio de Correos.