El Ayuntamiento ya ha engrasado la maquinaria para que la subasta de los terrenos de las torres de Repsol vuelva a rodar. Este martes ha convocado una mesa de contratación privada para informar a los licitadores acerca del fallo del juez rechazando las medidas cautelares para paralizar la enajenación de los terrenos que pedía el Bosque Urbano en su denuncia. 

Este es un primer paso antes de volver a convocar la mesa en la que se desvele la puntuación de la parte técnica –además de la oferta económica– de cada una de las propuestas de los licitadores que se mantengan en la puja y se puedan enajenar las parcelas que pertenecen al Ayuntamiento. 

Una vez se haya dado informe sobre el auto judicial a los licitadores, estos tendrán un periodo en el que decidir si siguen interesados en presentarse al concurso o si, por el contrario, retiran sus propuestas. La subasta pública se convocará una vez que pase el periodo de vigencia con el que cuentan para pronunciar si los licitadores desean seguir con el procedimiento.

La mesa de contratación para la enajenación de los terrenos de Repsol se pospuso por segunda vez el pasado 23 de junio, ante el conocimiento de que la plataforma Bosque Urbano Málaga había interpuesto una demanda en los juzgados pidiendo como medida cautelar la paralización de la misma, lo que ha parado el proceso durante todo el verano, pudiendo volver a retomarse ahora. 

Esta paralización generó alguna duda entre los licitadores –que deberán decidir si mantienen su puja por los terrenos–, que han demandado al Ayuntamiento información acerca de qué pasaría con el proyecto en caso de que se le concediese la razón –más allá de haber rechazado las medidas cautelares–, finalmente, al Bosque Urbano en su intención de dedicar el total de la parcela a desarrollar un gran parte en el distrito Carretera de Cádiz, lejos de las tres torres de 28, 30 y 32 pisos por las que pujan Acciona, Urbania, Stonewerg (por el paquete completo) y Single Home y Exxacon (sólo por la torre más alta). 

Bosque Urbano, anunció que iba a seguir en firme con el proceso judicial pese a que el juez rechazase las medidas cautelares. Además, el pasado miércoles, pidió al Gobierno de España que estudie las fórmulas para ceder a la ciudad la parte de los antiguos terrenos de Repsol que son propiedad de la Sareb, con el objetivo de destinar esa superficie a construir una zona verde que superaría las 17 hectáreas.

Por el conjunto de parcelas se pretende conseguir al menos 53 millones de euros para las arcas del Ayuntamiento. En el expediente se desglosan los precios de partida de los distintos suelos; de esta manera, el que está reservado para la torre más alta será a su vez el más caro, con un precio de partida de 9,96 millones de euros. Así, el rascacielos de 30 plantas partirá de 9,28 millones y el de 28, de 8,59 millones. Las tres torres están reservadas para uso residencial con aparcamientos, pero el planteamiento deja la posibilidad de destinar la mitad de las mismas a oficinas, concediendo más puntos a esta opción en el concurso.

Los dos terrenos reservados para uso terciario (dentro de la calificación estarán los usos comerciales, oficinas, hoteleros, recreativos, o salas de reunión, hostelería, ocio...) y aparcamientos; tendrán un precio de salida de 7,95 millones de euros. 

Queda aún por resolver otra de las amenazas al proyecto, un informe jurídico de un prestigioso despacho nacional de abogados señala que el proceso que se está siguiendo en el proyecto urbanístico de los antiguos suelos de Repsol en Málaga corre el riesgo de ser declarado nulo por un defecto de tramitación. En el documento se subraya que el estudio de detalle no ha sido publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por tanto, podría declararse nulo, afectando al resto de instrumentos de planeamiento como el proyecto de reparcelación o de urbanización.

El documento detalla que en el BOP del pasado 9 de marzo solo se han publicado unas ordenanzas específicas del estudio de detalle, pero no las generales, que se inscribieron hace diez años. Los abogados que han hecho el informe afirman que la falta de cumplimiento del requisito de publicación determina la ineficacia de los planes y que éstos, por tanto, no pueden ejecutarse ni se pueden imponer a los particulares. En este sentido, subrayan que se trata de una irregularidad que determina la nulidad de todos aquellos actos que sean dictados en el proceso de desarrollo del plan no publicado.