Solo en lo que va de año, la violencia machista se ha cobrado la vida de dos mujeres en la provincia de Málaga. Ana (57) fue asesinada supuestamente a manos de su pareja en su domicilio, en Torre del Mar (Vélez-Málaga), mientras dormía. Su cuerpo sin vida fue hallado por su hijo con signos de asfixia; junto a él, una vela. Gracia (48) fue tiroteado por el padre de sus hijos, el mismo hombre del que llevaba separada hacía ya una década. Era de madrugada, estaba esperando a que llegara a su domicilio, en Pizarra. Fue en la calle y en presencia de su hija, de tan solo 16 años. Por si fuera poco, el pasado año, Málaga también encabezó la lista de víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas. Ellas fueron Natalia, Paula, Carmen, Paqui y Anastasiia. La mayoría no había denunciado. Durante 2023, 9.445 sí lo hicieron, registrándose así más de 25 denuncias al día por malos tratos, lo que supone un incremento del 9,39% con respecto a 2022, cuando se contabilizaron 8.634.

Y es que, con la única salvedad del año 2020 -cuando la situación de las víctimas de la violencia de género estuvo condicionada por la crisis sanitaria de la Covid-19-, desde 2013 se observa una tendencia al alza de mujeres que deciden no callarse y acudir a las comisarías o juzgados para buscar protección. De esta manera, durante el ejercicio anterior, se dictaron en la provincia 1.608 órdenes de protección -54 de las víctimas, además, eran menores de edad-, es decir, un 8,21% más que en 2022, cuando se decretaron 1.486. En el conjunto regional, se acordaron 7.807 medidas de protección, un 78% de todas las solicitadas; mientras que se denegaron otras 2.132. Estas cifras revelan que, un año más, los órganos judiciales andaluces acordaron casi ocho de cada diez órdenes de protección.

Según los datos extraídos del informe anual del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del año 2023 del Consejo General del Poder Judicial, un año más, la mayoría de denuncias fueron presentadas por las propias víctimas mediante atestados policiales, 5.806 -lo que supone un 61,47% del total-, seguidas de las derivadas de la intervención directa policial (2.716, un 28,76%) y las originadas por partes de lesiones (561, un 5,94 %). Las presentadas por ellas mismas en los juzgados (132), así como por familiares -tanto en comisarías como en juzgados- y por terceras personas aún siguen siendo minoría. 

Unas 500 mujeres rechazan declarar contra su agresor

Uno de los problemas a los que se enfrentan los jueces a la hora de condenar a los agresores es que las víctimas, en algunos casos, dan marcha atrás y rehusan declarar contra sus agresores. Si bien, el porcentaje de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar disminuyó el pasado año en un 19,25%. De esta manera, 516 víctimas hicieron uso de esta posibilidad que brinda la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los procedimientos penales frente a las 639 que lo solicitaron en 2022 en la provincia de Málaga. A nivel regional, en cambio, las mujeres que renunciaron a prestar declaración contra sus agresores fueron 2.198 víctimas, lo que se traduce en un incremento del 3,2% con respecto al ejercicio anterior.

734 hombres condenados frente a cinco mujeres

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género en Andalucía fue de un 78,2%, lo que supone un aumento de casi tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 75,6% del total. El número total de sentencias dictadas en 2023 fue de 12.000 y, de ellas, 9.385 fueron condenatorias y 2.615 (el 21,79 %), absolutorias. En la provincia de Málaga, 734 hombres fueron condenados por delitos de esta índole y 377 absueltos. En el caso de las mujeres, cinco fueron condenadas por malos tratos hacia hombres.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,1%, y en las audiencias provinciales, con el 89,2% del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 63% de los casos enjuiciados. Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, valora positivamente estos datos destacando el elevado porcentaje de condenas de las sentencias dictadas por los órganos judiciales, que alcanzó un nuevo “máximo histórico anual” al situarse en el 80,64% a nivel nacional. 

Carmona explica que el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas contengan un fallo condenatorio es “un claro síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas va mejorando cada día”. “La maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia”, apunta.

En esta línea, la presidenta del Observatorio destaca la capacidad de reunir el material probatorio necesario para alcanzar un fallo condenatorio se hace siempre, y en cualquier caso, con el máximo rigor en la protección de todos los derechos que asisten al investigado. “Que haya un mayor porcentaje de fallos condenatorios implica que no hay impunidad en estos delitos y que la credibilidad de la víctima en su declaración se valora siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, manifiesta. Asimismo, valora que el incremento de las denuncias tienen, por un lado, una lectura positiva, en la medida en que muestran que las mujeres confían en la justicia y dan el duro paso de denunciar a su agresor.