Hay una diferencia entre luchar jurídicamente en pos de los intereses del Ayuntamiento y "amedrentar" a los colectivos ciudadanos que defienden sus propios intereses, legítimos también. Ésta es la idea que, grosso modo, defienden Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. Es decir, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento excepto el PP, partido mayoritario del equipo de Gobierno. Todo esto, a raíz de que el Consistorio, por medio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), reclamase las costas judiciales por 223.500 euros después de que el juez no concediese las medidas cautelares que pedía a la plataforma Bosque Urbano Málaga.

Entre estas cautelares demandadas, la más importante era la paralización y anulación de la enajenación de los terrenos de los antiguos depósitos de Repsol, que obligó a paralizar la mesa de contratación que se iba a celebrar (en un segundo intento) el pasado mes de julio. El Ayuntamiento basa esta petición en los 43,7 millones de euros (sin IVA) en los que valora las parcelas a subastar, además de acogerse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Su socia de gobierno, Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, asegura entender "que el Ayuntamiento tiene legalmente que reclamar las costas pero sería una falla de la ley que este mecanismo sirva para amedrentar a colectivos ciudadanos que defienden sus derechos legítimamente". A esto añade que los 223.500 euros en los que han tasado las costas "nos parece, en cualquier caso, una cantidad extremadamente desproporcionada". 

Coinciden, en este sentido, con la oposición. Mariano Ruiz Araujo, concejal del PSOE, asegura que el montante requerido por Urbanismo les parece "descabellado", y apunta que en el último Consejo de la Gerencia pidió al Ayuntamiento "que fuera sensible con Bosque Urbano, sin embargo, lo que vemos es que ha puesto toda la maquinaria jurídica a funcionar para amedrentar a una plataforma ciudadana". 

Ruiz Araujo ha solicitado la documentación a la Gerencia en la que basan la reclamación de las costas, para poder estudiarlos, "creemos que va detrás una forma de intimidar a la plataforma, que defiende intereses legítimos de los vecinos, más que velar por los intereses de los ciudadanos". 

Desde Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia tilda la actuación como "un claro ataque a un colectivo que con el procedimiento legal pretendía defender el interés general y defender esta parcela como un espacio común para el disfrute de todos los malagueños". Es por eso que desde UP han solicitado al Ayuntamiento que no reclame las costas judiciales, "pretenden castigar la movilización ciudadana en favor de los intereses especulativos".