El divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea sigue su camino, pero aún no está claro el convenio de separación. La situación deja en la incertidumbre –entre otros muchos aspectos– la asistencia sanitaria de miles británicos en Málaga. Se estima que en Andalucía hay unos 400.000, de los que más de la mitad residente en la provincia.

El Ministerio de Sanidad no concreta cómo quedará la cobertura tras el Brexit. La Administración argumenta que aún hay aspectos de la salida del Reino Unido que no están definidos. La Consejería de Salud por su parte aguarda que la Administración central defina el marco en el que se prestará la atención sanitaria a turistas y residentes británicos. Y a su vez, los centros esperan instrucciones.

El Gobierno británico pagó a España 285 millones en 2015 por la atención sanitaria

“Lo que está claro es que no nos interesa poner chinas en el camino por lo que representan para el turismo”, apuntaba un gestor sanitario que opinaba que la mejor solución a la encrucijada será un convenio bilateral. “Lo más razonable es la reciprocidad”, añadía. En síntesis, definir en un acuerdo hispano-británico esa cobertura asistencial recíproca y que ambos Estados se compensen luego la diferencia.

Hasta ahora, los británicos tienen garantizada la atención con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) –si su estancia es temporal– y con el empadronamiento –si son residentes–. El problema es que estos europeos son reticentes a empadronarse. De hecho, los diferentes esfuerzos realizados desde ayuntamientos e incluso desde su propio consulado han tenido poco éxito.

Pero las fuentes consultadas confiaban en que al final no habrá grandes cambios. “Quizás en lugar de venir con la Tarjeta Sanitaria Europea lo harán con una autorización del National Health Service”, vaticinaban. La cobertura sanitaria viene a ser unos de los flecos de ese convenio de divorcio. “Seguramente habrá facilidades y se alcanzará un acuerdo en interés de ambas partes”, insistían. Y recordaban no sólo el peso del turismo británico, sino también el importante número de españoles que trabajan y estudian en el Reino Unido.

Gestores sanitarios consultados admitían que no tienen ni idea de cómo quedará la cobertura. Pero hacían hincapié en que la asistencia es un plus en el atractivo turístico de la provincia más allá del sol y la playa, ya que la convierte en un destino seguro ante un problema de salud para turistas y residentes.

En 2015, el Gobierno británico reembolsó a la sanidad española 285 millones de euros, apenas el 0,5% del gasto sanitario de nuestro país. Es cierto que muchos ciudadanos del Reino Unido tienen seguros privados. Pero miles –sobre todo de los que residen largas temporadas– utilizan el sistema público.

Hasta ahora, los residentes que están empadronados y se inscriben en el Instituto Nacional de la Seguridad Social tienen la misma cobertura que un español. Por cada uno de ellos, el Reino Unido abona a España al año una cantidad cercana a los mil euros, una cifra que algunos expertos consideran baja si se tiene en cuenta que la mayoría son jubilados de edad avanzada que demandan más atención y fármacos. Luego están los turistas que llegan por un periodo corto y que con la TSE tienen derecho a la asistencia urgente, igual que ocurre con los españoles que van al Reino Unido con ese documento.

El problema se produce cuando son turistas sin la Tarjeta Sanitaria Europea que acuden a Urgencias o residentes que no están empadronados pero que precisan atención sanitaria. Entonces tienen que pagar.

Se estima que en la provincia de Málaga hay más de 200.000 británicos

Algunos centros son diligentes a la hora del cobro. Pero debido a que la facturación no revierte directamente al hospital sino a la Hacienda autonómica no siempre se tramita la factura. Informes técnicos ya alertaron hace más de una década del “déficit millonario” que suponía esta desidia en la facturación para la sanidad malagueña. Y no sólo porque no se facturen la totalidad de los casos estipulados, sino también porque hay muchos residentes no empadronados por los que no se recibe compensación aunque sí usan los servicios y porque, aún por los que se perciben esos fondos, las cantidades resultan escasas por el perfil de usuario de edad avanzada.

A todo este galimatías se le sumará en marzo el Brexit. Pero aunque parezca complicado, expertos confían en que finalmente los gobiernos español y británico sabrán resolver los flecos del convenio regulador para que sus ciudadanos no salgan perdiendo tras el divorcio.