La Guardia Civil sostiene que los gestores del CIOMijas y la empresa encargada de los cursos de formación manejaron más de 8 millones de euros en fines que no podían ser objeto de la subvención, procedentes de ayudas para la formación -del Fondo Social Europeo, de Fondos de Desarrollo Regional y fondos propios del Servicio Andaluz de Empleo-. De esos 8 millones, 6,3 se habrían gastado indebidamente por parte de la empresa que gestiona el CIO al tratarse de gastos no subvencionables. Los datos han sido facilitados a los investigadores por la Intervención General de la Junta de Andalucía y se corresponden con tres expedientes de reintegro iniciados en el centro de formación, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.

De acuerdo con un informe que los investigadores entregaron a la juez Mercedes Alaya y que culminó con el registro el pasado 24 de marzo, de esta cantidad el consorcio gestor del CIO Mijas retuvo 3,1 millones de euros de los que únicamente ha demostrado vinculados a las finalidades de la ayuda pública 1,2 millones de euros. Los casi 2 millones restantes los destinó a alquileres, gastos protocolarios, comidas, dietas o publicidad, entre otras actividades que en ningún caso se podían sufragar con los recursos que la Unión Europea había concedido para formación.

Entre estas cuantías llaman poderosamente la atención más de 301.675 euros destinados al Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía. El informe de la Guardia Civil subraya que se derivó este dinero inicialmente previsto para formación "sin que exista relación jurídico administrativa entre el consorcio y este órgano de concertación social, por lo que cualquier cantidad traspasada (...) es considerada como no gasto subvencionable".

Por otro lado, figuran cerca de 6,4 millones de euros que manejó la unión temporal de empresas conformada por Asesoramiento Empresarial SLU y Residencial Torrealmádena SA que gestionaba los cursos de formación en el CIO Mijas. Los investigadores aprecian que ese dinero ha sido utilizado para fines distintos a la formación. "La UTE ha dispuesto de las cantidades que le traspasaba el consorcio sin tener en cuenta las limitaciones de uso, justificación y control" que requería por tratarse de una subvención para formación. Pone de manifiesto que se realizaron "multitud de gastos" que se intentaron "justificar con facturas que no permiten comprobar, ni siquiera mínimamente, la correspondencia de los gastos justificados con las acciones" para las que estaban previstos. Entre estas partidas aparecen 300.000 euros anuales para "instalaciones y aulas", unas cantidades que la empresa justifica como "la cuota de canon que debe abonar al consorcio". Estas cantidades, señalan en el informe, "han sido declaradas en los expedientes de reintegro como gastos no subvencionables".

Del montante de 8,6 millones de euros sobre los que se reclama el reintegro, el informe cuestiona no sólo cómo se realizaron los gastos no subvencionables sino también cómo el órgano gestor "no detectó las irregularidades y pidió su reintegro". E incluso destaca que la cantidad asignada a cada proyecto podría haberse realizado fuera de la norma: "El proceso que valoraba el coste de los proyectos (...) parece no es realizado". En primer lugar, porque recibían el 100% de lo solicitad. Y en segundo lugar, porque en el caso de que los proyectos tuvieran una correspondencia plena entre el análisis técnico y sus costes y existieran fondos, parece "más difícil de sostener, que con reducción en la cantidad otorgada se incrementaran las horas de docencia, pues eso concluiría que uno de los años se dio más fondos de lo que se necesitaban.