Málaga

La Cámara de Cuentas cuestiona la gestión recaudatoria y de contrataciones del Patronato de Recaudación

  • Señala que "no resulta conforme" con la normativa que tiene que aplicar y alude a "incumplimientos" en la gestión de recursos humanos ya que la plantilla presupuestaria no recoge todas las plazas de personal laboral que debiera

El edificio de la Diputación de Málaga

El edificio de la Diputación de Málaga

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha cuestionado la gestión del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga, y le ha recomendado que ponga en marcha medidas sobre recursos humanos y para garantizar el procedimiento recaudatorio que se efectúa en las diferentes zonas.

En un informe de fiscalización referido al ejercicio 2016, se indica que se ha efectuado un trabajo específico sobre la recaudación relativa a la Junta de Andalucía, después de un auto de 23 de mayo de 2017 que sobreseyó la denuncia de dos empleados por la existencia de expedientes con "graves deficiencias". De hecho se acordó librar testimonio a la Cámara de Cuentas para realizar una fiscalización externa.

Como resultado de ello, la Cámara de Cuentas señala que la gestión del Patronato de Recaudación "no resulta conforme" con la normativa que tiene que aplicar. Así, alude a "incumplimientos" en gestión de recursos humanos ya que la plantilla presupuestaria no recoge todas las plazas de personal laboral que deberían estar dotadas en el presupuesto, incumpliendo la Ley de Bases de Régimen Local y el texto refundido de Régimen Local.

El informe especifica que durante 2016 prestaron servicio en el Patronato 134 laborales --cuatro fijos y 130 indefinidos--, mientras que la plantilla "sólo prevé 116 plazas de personal laboral". Igualmente se contrató personal laboral temporal para hacer frente a sustituciones, enfermedades, etcétera, todo ello "sin respetar los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Según el informe, la incorporación de personal de nuevo ingreso, en función de las necesidades de recursos humanos del organismo, se debe articular mediante la oferta de empleo público, que debe ser aprobada anualmente por los órganos de gobierno de la entidad. En este sentido, recuerda que la última oferta de empleo público se aprobó en 1990 "y desde entonces la incorporación de nuevo personal se ha venido efectuando al margen de los cauces ordinarios previstos en la legislación de función pública".

"La incorporación de nuevo personal se ha venido efectuando al margen de los cauces ordinarios previstos en la legislación de función pública".

A partir de 2005, la selección del personal para atender las necesidades de contratación temporal como consecuencia de las bajas por enfermedad, vacaciones, acumulación de tareas y servicios determinados, se lleva a cabo mediante la constitución de bolsas de trabajo. Según la Cámara, los procesos selectivos efectuados para la constitución de dichas bolsas "no respetan las materias comunes y específicas y el número mínimo de temas recogidos en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio".

Señala igualmente que 55 empleados del Patronato --32 funcionarios interinos y 23 laborales indefinidos-- han accedido al empleo público "sin que se conozca el procedimiento seguido para ello, pues el propio organismo no tiene información sobre el sistema de acceso que, en su momento, se utilizó para su incorporación al Patronato". También hay nueve funcionarios interinos y diez laborales indefinidos "que se incorporaron a la organización mediante una entrevista personal".

Sobre un total de 74 trabajadores de los 331 que trabajan en el Patronato a 31 de diciembre de 2016 y que representan el 24 por ciento del personal, "se han incumplido los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", especifica el documento.

En definitiva, apunta que el número de empleados con condición de personal estable o fijo representa el 19 por ciento mientras que el 81 por ciento restante está en "situación de provisionalidad o inestabilidad" pese a realizar funciones "de naturaleza estructural y carácter permanente".

Por ello, ha considerado que se debe establecer una estrategia institucional en materia de recursos humanos para saber las funciones de los distintos departamentos y unidades "y evitar el clima de conflicto que, en determinados momentos, se ha producido". Estiman también que se deben adoptar medidas para evitar la "concatenación de contratos temporales para desempeñar trabajos de naturaleza estructural" ya que esto puede desembocar "en la adquisición de la condición de trabajadores indefinidos no fijos".

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