Aún no marcaba el reloj las 9:00 horas y la cola en la puerta de la Comisaría Provincial de Málaga para tratar de renovar los documentos de identidad sin cita previa lejos de menguar, era un continúo goteo de ciudadanos "desesperados" que se unían. Junto a su padre, Flor Morabito esperaba impaciente su turno . "Tengo mi pasaporte caducado y necesito viajar urgentemente a Argentina para ver a mi abuela", asegura. Cuando intentó pedir cita, la primera le aparecía para el 15 de septiembre. Su problema es que no puede sacar el vuelo hasta que no renueve este documento, ya que se lo exigen durante la compra del billete. 

Juan Manuel Gómez lleva desde las 7:30 horas en la cola para ser uno de los primeros atendidos. Cuenta que le ha prescrito el DNI y necesita renovarlo "cuanto antes" por motivos laborales. "La empresa me lo está pidiendo", manifiesta. Tras varios intentos, sin éxitos, para renovarlo aún sin cita previa, el joven espera confía en que hoy sea su día de suerte. 

Según fuentes de la subdelegación del Gobierno central en Málaga, las demoras en las citas se están produciendo por la falta de previsión de los ciudadanos a la hora de organizar sus gestiones con la llegada de la temporada estival. Recuerdan que "las comisarías están abiertas todo el año" y aseguran que "se están llevando a cabo muchos más trámites que años anteriores". 

Una justificación que usuarios como Carlos no comparten y defienden que "se incrementen el número de trabajadores en función de la afluencia". "Yo entiendo que todo esté más colapsado porque hay más demanda, pero igual que un hostelero prepara a todo su personal cuando llegan las horas de las comidas, igual creo que debería ocurrir aquí", manifiesta.

Unas críticas a las que se suman algunos sindicatos. CCOO, UGT y CSIF aseguran que hace un mes "dieron la voz de alerta sobre la situación de las unidades de documentación de la Dirección General de Policía". A su juicio, la "falta de previsión y organización de los responsables policiales" estaba genéranos "una tormenta perfecta para que se saturase este servicio público".

"Finalmente, y por desgracia, las previsiones que anunciábamos los sindicatos se han cumplido y el mapa del territorio nacional cuenta ya con pocas excepciones de oficinas de expedición que ofrezcan citas antes del mes de septiembre", manifiestan. 

Estas agrupaciones denuncian que el Ministerio del Interior o el propio organismo policial "no haya puesto ningún tipo de remedio para dotar a estas oficinas del personal cualificado para las tareas administrativas que la ciudadanía merece, dejando año tras año sin cubrir las plazas de personal no policial que presta sus servicios en la Policía". 

Según estos sindicatos, casi 2.500 plazas han quedado vacantes, "lo que supone que casi el 50% de los puestos de este tipo de plantilla están actualmente sin cubrir", detallan. “En estas condiciones resulta imposible ofrecer un servicio público ágil y de calidad en la tramitación de un tipo de documentación que todos los ciudadanos y las ciudadanas están obligados a tener en vigor”, insisten.

CCOO, UGT y CSIF afirman que "la falta de personal no policial alcanza algunas de sus peores cuotas en Jefaturas de Policía a las que están adscritas un gran número de estas unidades de documentación –como es el caso de Madrid, Cataluña o Andalucía-", donde, señalan, la tasa de vacantes se eleva en ocasiones hasta casi el 60%. “Esta falta de interés en la cobertura de las necesidades en materia de recursos humanos por parte de la DGP ha provocado que estos grandes núcleos de población hayan extendido el colapso en todas direcciones hasta ahogar el servicio público en el resto del mapa”, apuntan.

Asimismo, las organizaciones sindicales también denuncian que "existe un gran número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que la propia Dirección General está detrayendo de sus labores puramente policiales para destinarlos a labores de expedición", lo que consideran arroja un balance negativo por partida doble: "el déficit de estos efectivos en tareas que también resultan esenciales, como sucede con la seguridad ciudadana, así como el sobrecoste que supone destinar a agentes del CNP a oficinas de documentación en lugar de al personal administrativo de los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado, cifrado en más de 140 millones de euros anuales según CSIF, UGT y CCOO", expresan.