El ex decano del Colegio de Abogados Francisco Javier Lara ha sido juzgado este lunes por un delito de desobediencia, después de que durante el primer estado de alarma por la pandemia no enviara al juzgado ningún abogado de guardia, aduciendo motivos de seguridad, incumpliendo así el requerimiento judicial. La vista oral se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga y Lara ha asegurado que se considera “absolutamente inocente” y que en todo momento “el bien jurídico a proteger” por parte del Colegio de Abogados era “la vida y la salud de los que prestan ese servicio constitucional”.

El fiscal pide para Francisco Javier Lara una multa de 12 meses, a 15 euros diarios, es decir, al pago de 5.400 euros. La Fiscalía sostiene que el ex decano del Colegio de Abogados, el pasado 6 de mayo de 2020, durante el estado de alarma, no facilitó al Juzgado de Instrucción número 10 la lista de abogados que en esa jornada estaban de guardia.

En este sentido, el anterior decano por consejo de su abogado se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía. Asimismo, sí ha decidido responder a las preguntas de la defensa y ha asegurado que la decisión tomada en aquel momento estuvo consensuada por la junta de gobierno, formada por 16 personas. Además, ha incidido en que en ningún momento se pretendía desobedecer al juzgado, sino que su objetivo era proteger la vida de los letrados.

De igual forma, Lara ha señalado que durante el estado de alarma para proteger a los letrados y continuar prestando servicios, los abogados que estaban de guardia trabajaban por videoconferencia. También, cuando este sistema fallaba, los profesionales acudían al juzgado y ejercían de forma presencial, sin contacto, ya que un juez les cedía su despacho para que realizaran la entrevista privada con el detenido y estuviera garantizada la seguridad de estas personas.

En este punto, Lara sostiene que ese día lo que ocurrió fue que se les pidió por primera vez la lista de los abogados que estaban de guardia, algo que les sorprendió. Ha rechazado también que se negaran a asistir a los detenidos que estaban en el calabozo y que finalmente fueron puestos en libertad. Al igual que ha asegurado que en ningún momento se tomaron decisiones aquel día con la intención de impedir a los letrados ejercer libremente su profesión.

Ese mismo día, durante la mañana también hubo incidencias en el juzgado de Violencia sobre la Mujer y, sin tener contacto, los letrados acudieron a la llamada de forma presencial porque el sistema de videoconferencia no funcionaba. Por la tarde, cuando se notificó una incidencia en detenidos, Lara ha señalado que ahí sí acudió un abogado y bajó a los calabozos.

Para Lara este juicio es “un pulso a la abogacía institucional”, puesto que al estar encomendada la organización de los turnos de oficios por la ley 1/96 a los Colegios profesionales “el turno de oficio no se excluye, ni mucho menos, es más con más motivos durante una pandemia donde morían miles de personas todos los días”. De igual forma, el letrado confía en que “la Justicia le va a dar la razón a la abogacía institucional, no a Javier Lara porque tiene competencias para ello y las circunstancias, además, lo exigían”.

En este primer día de juicio, Lara ha estado acompañado por diferentes profesionales del mundo de la abogacía. Además, también ha prestado declaración la trabajadora del colegio que atendió a la llamada del juzgado aquel 6 de mayo de 2020. Durante su discurso ha asegurado que en la llamada que atendió le pedían los nombres de los letrados de guardia y que ella respondió que no podía facilitarles esa información por teléfono y que hicieran esa petición a través del email.