La prórroga del actual contrato de la empresa mixta Limasa, que finalizaba el próximo 16 de abril, ya es una realidad. La gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Málaga capital seguirá en manos de la sociedad, en la que el Consistorio malagueño tiene el 49% del accionariado frente al 51% de sus socios privados (FCC, Urbaser, Sando y Unicaja), hasta que se decida el futuro modelo.

No ha plazos fijados. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la prórroga del contrato por "el periodo de tiempo mínimo necesario hasta que entre en funcionamiento la nueva prestación, independientemente de la forma en que éste se lleve a cabo, según el modelo que se decida". Eso implica que la actual empresa prestará el servicio hasta el día antes de que entre en vigor el nuevo modelo ya sea público o privado, una decisión que sigue estancada por parte del Ayuntamiento y que le ha obligado a modificar el contrato firmado en 2001.

Los privados y el Ayuntamiento acuerdan no repartir beneficios este año

La razón es que entonces se incluyó la posibilidad de prorrogar el contrato por un periodo de ocho años y se establecía como requisito que debía de notificarse al menos un año antes de la finalización del mismo. A la vista de que apenas falta un mes para que venza, el equipo de gobierno del PP no ha tenido más remedio que cambiar los términos del contrato original para flexibilizar ese punto y que la duración de la prórroga sea abierta y no se ciña a los ocho años que fija ahora.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, justificó este aspecto en que "no queríamos pasarnos ni quedarnos cortos" puesto que la prorroga del actual contrato sólo se puede hacer una vez. Eso sí, aclaró que "en ningún caso" serán los ochos años que se fijaba en un principio.

Ha sido el área de Economía, Hacienda y Personal quien ha llevado a cabo ese trámite, una vez justificado por parte de Sostenibilidad Medioambiental el carácter de interés general del servicio de limpieza y recogida de basura y recibido el visto bueno de los socios privados a continuar con el servicio.

La sociedad Serurma, constituida por las entidades Fomento de Construcciones y Contratas, Urbaser, Sando y Unicaja, fue la adjudicataria de la gestión de los servicios públicos de limpieza, recogida y tratamiento de residuos en Málaga el 16 de abril de 2001, por un periodo de 16 años. Para hacer posible la prórroga, la Junta de Gobierno ha tenido que prorrogar la modificación del apartado III del pliego de condiciones técnicas que rige esta adjudicación del servicio.

Además, la junta general de accionistas de Limasa deberá aprobar también el cambio de los estatutos puesto que en ellos se fijaba que debía liquidarse con fecha 16 de abril de este año y ahora deberá también prorrogarse.

Todo eso mientras el Ayuntamiento de la capital toma definitivamente una decisión que no parece que vaya a ser a corto plazo después de la crisis interna vivida en el equipo de gobierno del PP a cuenta del futuro de Limasa y que obligó al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, a echar el freno.

Ahora la cuestión está en estudiar al detalle los datos económicos que arrojan uno y otro modelo. Los técnicos municipales llevan varias semanas trabajando minuciosamente en calcular prácticamente hasta el último céntimo cuánto costaría la adquisición de la nueva maquinaria, la creación de nuevos puntos limpios e instalaciones, la mejora de la planta de tratamiento, o la colocación de nuevos contenedores según el diseño que se ha hecho del futuro servicio. El documento está prácticamente listo y de lo que se está a la espera es de obtener respuesta de las empresas a las que se ha hecho una petición de ofertas para la adquisición de ese material, sobre todo, en lo que se refiere a los plazos de entrega y la forma de pago.

El problema es que tanto si el servicio de limpieza viaria y recogida de basura es gestionado por una empresa privada como pública, la intención municipal es invertir en su mejora alrededor de 100 millones de euros en un plazo de entre ocho y diez años y en ambos casos el Consistorio será quien lo asuma.

A la espera de lo que ocurra, los privados y el Ayuntamiento han vuelto a acordar por quinto año consecutivo no repartir los 1,5 millones de euros de beneficios.