La Junta General del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga aprobó ayer por unanimidad de las fuerzas políticas en ella representadas solicitar a la Junta de Andalucía la apertura de un expediente disciplinario a la secretaria-interventora del organismo, así como la adopción de medidas cautelares con carácter de urgencia para que deje de ocupar este puesto, del que está de baja temporalmente. El paso adelante se produce después de que el ente conociese los informes de dos despachos de abogados externos en los que se subraya la existencia de "presuntas irregularidades" en la gestión de esta funcionaria.

Así lo confirmó el gerente del Consorcio, Manuel Marmolejo, quien insistió en la necesidad de que se adopte una actuación cautelar por parte de la Administración regional ante el temor de que la secretaria-interventora pudiese reincorporarse al puesto y "destruyese pruebas de su propio expediente".

El listado de supuestas anomalías, que serán objeto de análisis también en la vía judicial, incluye, por ejemplo, el uso inadecuado que hizo durante meses del teléfono corporativo, "que se llevaba a sus vacaciones y que empleaba para hacer llamadas". Según consta en los informes, el móvil fue empleado desde Estados Unidos, Italia , Francia y Portugal, coincidiendo con periodos vacacionales. Y, según indicaron fuentes del Consorcio, sólo el año pasado se contabilizaron llamadas valoradas en unos 440 euros.

Pero las principales causas de la sospecha que recaen sobre la secretaria-interventora tienen que ver con la ausencia de reparos por su parte a algunos de los gastos realizados por los anteriores responsables del Consorcio de Bomberos, tales como la compra de ocho trajes o corbatas, así como el hecho de que participase en la adjudicación de distintas obras del organismo a la misma empresa que reformó su casa en Pinares de San Antón.

Precisamente, algunos de los gastos no fiscalizados por la funcionaria forman parte de la auditoría de este ente público y en la que se detectan "gastos ficticios" por 1,58 millones de euros. La misma sacó a la luz, por ejemplo, la compra por parte de los anteriores gestores del organismo de ocho trajes y corbatas, así como de palos de golf. Desde el PSOE, el portavoz en la Diputación, Francisco Conejo, recordó que esta auditoría fue encargada por el anterior equipo de gobierno.

Al tiempo, Conejo destacó la necesidad de que se impulse un trabajo similar para el actual periodo de gobierno. Según relató, citando a alcaldes de su partido que estaban presentes en la Junta General del CPB, el compromiso asumido por los responsables del organismo pasa por encargar próximamente una auditoría.