¿Debería Málaga abandonar el actual estado de confinamiento antes de lo previsto por el Gobierno central? Un grupo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), con el catedrático de la Organización de Empresas Adolfo Crespo al frente, cree que sí. Este equipo de especialistas ha aplicado un modelo de predicción elaborado por el profesor Alfonso Gañán-Calvo mediante el que se determina el periodo de cuarentena que deben superar los territorios tomando en consideración la expansión real del COVID-19.

Conforme a las conclusiones de este trabajo, en el caso de la provincia malagueña, las restricciones que se vienen aplicando desde mediados de marzo, con evidentes incidencias sobre las actividades económicas, se levantarían en un plazo de 50 días a contar desde que se hizo efectivo el estado de alarma. Es decir, que, según Crespo, "podría recuperarse la normalidad el 4 de mayo".

El periodo aplicado a Málaga es el mayor de los estimados para las provincias andaluzas. Una circunstancia directamente ligada a que se trata del territorio más afectado por la pandemia, con 2.321 personas contagiadas y ya más de 200 fallecidos. Sin embargo, es un parámetro temporal sensiblemente inferior al estimado para España, con unos 70 días. Hay que recordar que desde el Gobierno central ya se está apuntando la posibilidad de extender las medidas actuales hasta finales de mayo.

Otra de las conclusiones a las que llega el estudio es que mediante esta desescalada ajustada de la cuarentena, Andalucía podría dejar de perder cerca de 2.900 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto (PIB). De esta suma, casi 575 millones de euros corresponderían a la provincia malagueña, el más elevado de toda la región, a excepción del previsto para Sevilla, que con una recuperación de actividad a 44 días ahorraría unos 661 millones. En Cádiz, el montante seria de 445,4 millones; en Granada, de 309,3; en Almería, de 288,4 millones; en Cordobam de 230,1millones y en Jaén, de 161,2.

El estudio dibuja tres escenarios: el primero contempla una intervención simultánea a nivel nacional; el segundo, a escala regional, y el tercero ofrece medidas adaptadas a cada provincia para frenar el curso ascendente de la curva de contagios.

Sus autores admiten, no obstante, que avanzar en la "apertura temprana del confinamiento" implica "un riesgo", por lo que es preciso desarrollar "un control estricto para evitar el desplazamiento a áreas confinadas". "Del mismo modo, las áreas no confinadas deberán monitorear a la población en busca de una posible reinfección temprana, situación que podría conducir a nuevas medidas de confinamiento", se apunta en el documento.

Sobre los motivos por los que el Ejecutivo no maneja la opción de confinar por territorios, el catedrático de la Universidad de Sevilla admite la complejidad de adoptar medidas de cuarentena por provincias. "Debe de ser más cómodo y más fácil gestionar el país como un todo; pero en la situación actual tenemos que buscar las formas de hacerlo, porque hay mucho en juego”, valoró.

Gañán-Calvo, por su parte, explicó a este periódico que tras analizar unos patrones universales en los países afectados por la pandemia, estudió el modo de llevar su aplicación a “términos económicos y no sólo sanitarios". Fue en ese momento cuando inició conversaciones con el equipo de Crespo para dar una vuelta de tuerca a la cuestión, definiendo "aquellos periodos de confinamiento más adecuados en función de la intensidad del foco".

Además de Crespo han participado en este trabajo de investigación Eduardo Candón Fernández, María Crespo Márquez, Antonio de la Fuente Carmona, Juan Francisco Gómez Fernández, Vicente González-Prida Díaz, Antonio Guillén Lopez, Pablo Martínez-Galán Fernández, Pedro Moreu de León, Enrique Paloma Castro y Antonio Sola Rosique.