Fracasado el intento del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de municipalizar Limasa, el contrato de concesión con los socios privados se sigue alargando en el tiempo sin previsión clara de extinción. Una determinación que tiene incidencias claras sobre las arcas municipales, como la obligación de asegurar a la sociedad un 2% de beneficios antes de impuestos, carga que se tradujo el pasado año en 13.028.807 euros. La losa crece hasta los 25 millones si se incorpora la aportación que ya tuvo que hacerse en 2017, cuando entró en vigor la prórroga del contrato, que debía haber finalizado en abril de ese año.

Esta es una de las cláusulas recogidas entre las partes, que fue objeto de acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local de 30 de marzo de 2005. El gerente de Limasa, Rafael Arjona, aclaró que la mencionada "compensación" no tiene que ver con los beneficios, sino con "la diferencia generada por los costes reales de la mano de obra".

O dicho de otro modo, viene a compensar la diferencia de valor entre la subida salarial que estaba contemplada en el contrato original de Limasa, del IPC, y la que de facto se viene aplicando tras los diferentes acuerdos laborales alcanzados. "Si el cliente decide pagar a los trabajadores por encima de lo que está previsto en el contrato eso genera un desequilibro", expuso, Arjona. Conforme a la tesis del gerente, la decisión municipal de validar incrementos salariales por encima del IPC tiene una repercusión de cerca de 115 millones desde 2005.

Este es uno de los detalles principales recogidos en las cuentas anuales de Limasa. Conforme a los números totales, la cifra de negocio de la sociedad mixta (51% está en manos privadas y el 49% restantes en manos del Ayuntamiento) se disparó hasta los 96.170.200 euros, de los que 83,1 millones se corresponden con los pagos realizados por el Consistorio a cambio de la recogida de basuras y limpieza viaria, entre otros. Esta cuantía crece 4,6 millones respecto a 2017. Otra de vía de ingreso de la que dispone la empresa es la venta de material reciclado, que permitió disponer de 5.268.448 euros.

Pero las cuentas anuales vuelven a recoger un concepto que viene siendo objeto de crítica desde hace años: la asistencia técnica. La misma, según los datos aportados por Limasa, se traduce en 2.269.436 euros, como resultado de aplicar el 2,5% de la producción del ejercicio facturada al Ayuntamiento. Al tiempo, se recogen pendientes de cobro 1.004.547,63 euros por venta de subproductos, así como casi 7,1 millones del Ayuntamiento por los servicios derivados de la concesión de la limpieza.

El año pasado, tras conocerse el detalle de las cuentas anuales, el grupo municipal del PSOE ya reclamó que se dejase de pagar por este concepto, aduciendo que en junio de 2014 la Intervención municipal dictaminó que dicho canon era sólo de aplicación a las facturas o certificaciones ordinarias, pero no podía aplicarse a la factura de compensación que se emiten para ajustar el desequilibrio económico de la empresa por los costes laborales.

Del montante global que supone a las arcas municipales el funcionamiento de Limasa, buena parte va a parar al pago de los 1.647 trabajadores que de media han estado relacionados con la empresa, cuyos salarios supusieron un gasto de 74,5 millones de euros, casi 5,8 más que el año anterior. Ello, en buena medida, como consecuencia de los litigios que actualmente mantienen la empresa y la plantilla. Por su parte, la remuneración recibida por los miembros del comité de dirección de la empresa fue de 1.088.653 euros, levemente superior a la de 2017.

Dentro de la documentación se mencionan, precisamente, una serie de pagos efectuados en 2018, como los casi 2 millones abonados para regularizar las pagas de los años 2014 a 2017. El desglose de este abono fue de 867,91 euros brutos por trabajador para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017; regularización de la paga de ayuda de diciembre, por 68 euros, en este mismo periodo temporal. Asimismo, las cuentas incluyen una provisión de 1.315.418 euros para regularizar la paga de productividad del citado ejercicio, a razón de 867,91 euros por trabajador.