Poca broma con la crisis climática. Somos sus testigos y la estamos viviendo en directo. Asistimos sin solución de continuidad a la constatación de anomalías térmicas extremas en unos territorios que por su situación latitudinal no les correspondería, o a inundaciones en ámbitos alejados de la clásica fenomenología torrencial mediterránea, como las recientes en Alemania y Bélgica, cuya cifra de muertos ya supera los 100. Nos han avisado de que este verano en el Mediterráneo la plaga de medusas no va a tener precedentes, como consecuencia del calentamiento inusual del mismo. Nuestra sociedad occidental está viviendo ya en el riesgo. No es una hipótesis, es una realidad. Una realidad cuyo origen es la incidencia de la acción antrópica sobre el clima, un desarrollo, unas consecuencias y puede tener, si no somos capaces de evitarlo, un final dramático.

Este riesgo que ya forma parte de nuestra cotidianeidad posee tres componentes con efecto multiplicador, la peligrosidad o probabilidad de que ocurra un evento con capacidad de generar daño, la exposición de quienes pueden ser afectados por el evento en cuestión, y la vulnerabilidad, o grado de susceptibilidad de la sociedad y los bienes a sufrir el daño consecuente a dicho riesgo. Cuando los tres componentes coinciden en valores altos el riesgo puede llegar a ser incontrolable, y ahí, los mecanismos preventivos pueden ser insuficientes.

Por tanto, es necesario llevar a cabo políticas de adaptación contundentes. La UE ha aprobado que a partir de 2035 no se venderán vehículos propulsados por combustibles fósiles, teniendo en 2050 el horizonte cero. Los riesgos climáticos tienen una clara afección territorial y van asociados o pueden ser la consecuencia de estrategias territoriales inadecuadas. Por centrarnos en nuestro entorno, en la dinámica y prospera provincia de Málaga, en donde turismo de litoral, de interior, PTA, agricultura de primor a base de cultivos subtropicales, parque agrario tradicional, espacios naturales protegidos, e incluso figuras de reconocido prestigio internacional como el SIPAM de la uva pasa de la Axarquía, hay problemas de despoblamiento resultado de muy serios desequilibrios territoriales, hay problemas derivados de un inadecuado uso de los recursos naturales, en especial, suelo y agua, y a veces unidos.

Hay desequilibrios territoriales manifiestos, constatados, que ponen en riesgo la calidad de nuestros servicios ecosistémicos y la calidad de vida de la sociedad que de ellos se beneficia. No contentos, ahora pretendemos alicatar los montes de paneles fotovoltaicos…bajo el paradigma de la sostenibilidad, claro, sin que ello importe su afección en otros servicios ecosistemicos. Nuestro patrimonio natural, cultural e infraestructural está en riesgo.

Se avecinan nuevos tiempos en los que habrá que buscar alternativas que generen empleo, equilibrio territorial, utilización sostenible de recursos, y garantice la calidad de vida. Y esta garantía de la calidad de vida, concepto que hay que reforzar en estos tiempos, debe ser independiente del territorio en el que se resida. Es decir, en la Costa del Sol, en el área metropolitana de Málaga, pero también en el Valle del Genal o del Guadiaro, en la Sierra de las Nieves, en el piedemonte de la Sierra Tejeda-Almijara, o en la Sierra de Bentomiz, por citar unos simples ejemplos.

En la provincia de Málaga se trata también de una cuestión escalar, que tiene al territorio por referencia, y que nos indica la urgencia de llevar a cabo una ordenación del mismo basada en estrategias de sostenibilidad, respetando los recursos existentes, salvaguardando y potenciando los grandes servicios ecosistémicos que nos brindan, y que tienda de manera decidida a paliar los actuales déficits basados en el reto demográfico y despoblación de algunas áreas, en el incremento de los estándares de calidad de vida de la ciudadanía, enfatizando su concienciación respecto a la protección de los recursos naturales, clave en cualquier estrategia hacia la gobernanza, y en la apuesta decidida por la gestión inclusiva tanto individual como colectiva.

En este escenario, el COVID no ha hecho sino enfatizar los desequilibrios, impactando más en las zonas urbanas sensibles, y mostrando la vulnerabilidad real de la sociedad. Y así, hay que cambiar la filosofía para comprender lo rural, no solo como lo vinculado con las practicas agrícolas, sino como un territorio amplio, de poblamiento heterogéneo, multifuncional en lo social y en lo económico, con alta calidad ambiental y en el que vivir y prosperar, haciendo uso de sus activos materiales y humanos, y atrayendo a nuevos talentos y emprendedores, como necesario y beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y es que nuestra provincia está desequilibrada desde el punto de vista territorial, con una fuerte densidad demográfica en el litoral que, por cierto, es demandante de unos recursos básicos que se generan en el interior, cada vez mas despoblado.

Su reequilibrio debe ser la base de una sociedad capaz de extender al conjunto de la ciudadanía la igualdad de oportunidades, y debe pivotar en la existencia de opciones de vida adecuadas a cada espacio.El Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia o MRR, aprobado por la UE, tiene por finalidad apoyar la inversión y las reformas de los estados europeos para lograr una recuperación sostenible y resiliente, mientras se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE. Y así, aunque en las diferentes escalas de gestión se haya abierto el negociado de ideas brillantes basadas todas “naturalmente” en la sostenibiliblablabla, los fondos Covid se utilizarán por mandato europeo en la transformación digital, en políticas para la nueva generación, en incrementar la cohesión territorial y social, en la transición ecológica, en políticas de empleo y crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente, y en la salud y resiliencia.

En definitiva, en el marco de una necesaria ordenación y reequilibrio territorial, entre el interior y la costa, que se debe realizar en la Provincia de Málaga para evitar vulnerabilidades y riesgos, y con un flamante Parque Nacional, es imprescindible otorgar al interior el papel que ha mostrado tener, como fuente de recursos y servicios ecosistémicos, estabilizador de empleo y equilibrio territorial, pero también se hace imprescindible garantizar los estándares de la calidad de vida de la población, así como adecuar la actividad turística a unas nuevas condiciones en las que deberán prevalecer los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos, estableciendo óptimos de capacidad de carga demográfica, y por último, repensar el uso ciudadano de la Capital, mediante una estrategia en la que impere la gobernanza de la ciudadanía. Y todo eso bajo el permanente riesgo de pelotazo. Veremos.