Detenido el alcalde de Alcaucín y otras 12 personas por corrupción
Operación arcos Anticorrupción y Medio Ambiente actúan en la Axarquía
La trama, que afecta a empresarios y arquitectos, construía viviendas levantadas en suelo rústico y luego las vendía a extranjeros · Los promotores, supuestamente, pagaban comisiones para obtener las licencias
Málaga despertó ayer con un nuevo escándalo urbanístico. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid detuvieron a primera hora de la mañana a José Manuel Martín Alba, alcalde socialista de Alcaucín (2.469 habitantes) desde 1991, y a otras 12 personas por su presunta implicación en una trama dedicada a la promoción, construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable, con comisiones ilegales de por medio. La operación, que ha sobresaltado a este pequeño pueblo del corazón de la Axarquía y continúa abierta, es la primera de estas características que la Fiscalía Anticorrupción desarrolla en la parte oriental de la provincia malagueña. También ha participado la sección de Medio Ambiente.
Además del regidor, han sido detenidos varios familiares suyos, dos arquitectos, empresarios de la construcción y un intermediario. Uno de los arrestos se practicó en Huelva, según informó ayer el Instituto Armado. A los detenidos se les imputan siete delitos: cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.
El caso Arcos, que coge su nombre del origen árabe de Alcaucín, se puso en marcha a las 8:00 con varios registros, incluida la casa que Martín Alba tiene a pocos metros del Ayuntamiento, que también fue tomado por los investigadores. Los agentes estuvieron en la vivienda alrededor de cuatro horas y requisaron una caja fuerte con dinero en metálico y otra con documentos. El regidor estuvo presente en esta diligencia antes de ser trasladado al Consistorio, donde también asistió a un registro durante nueve horas. Los detenidos pasaron la noche en la Comandancia de Málaga.
El otro punto caliente fue la Diputación Provincial, ya que uno de los arrestados es el adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura del ente supramunicipal, José Francisco Mora Lampérez, cuya vivienda también fue inspeccionada. Otro registro se centró en una asesoría fiscal ubicada a pocos metros del Ayuntamiento de Alcaucín.
Los investigadores hablan de una "importante trama organizada" para construir y comercializar urbanizaciones y viviendas aisladas, sobre todo a extranjeros. Las edificaciones estarían levantadas sobre suelo no urbanizable. Los empresarios implicados, presuntamente, pagaban comisiones, bien en metálico o en especie, a cambio de estas resoluciones administrativas contrarias a la ley. Los cargos públicos "consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades".
Esas construcciones se legalizaban mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados -hay dos urbanistas detenidos-, documentos con los que se conseguía alterar las inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
Algunos de los detenidos son el propietario de la empresa Crocasa, F. Ll., una de sus hijas V. Ll. y su yerno. También ha sido arrestado el dueño de la inmobiliaria Alta Axarquía y una hija, informó Efe.
Alcaucín, igual que la mayoría de los municipios de la Axarquía, está en el punto de mira de los ecologistas. GENA-Ecologistas en Acción denunció en la Fiscalía de Málaga en noviembre de 2006 una operación urbanística presuntamente irregular que podría haber podido beneficiar a las dos hijas del alcalde. Según el portavoz del colectivo, Rafael Yus, el Consistorio habría autorizado la construcción de un edificio con 45 viviendas en cuatro fincas en las que el plan parcial permitía cuatro. Se ocupaba todo el suelo pese a que sólo se podía construir en el 60%. La empresa beneficiada, presuntamente, es Crocasa. Otra denuncia de los ecologistas se centraba en una urbanización con 60 viviendas al norte del municipio en un terreno "muy inclinado".
El Juzgado número 3 de Vélez-Málaga dirige el caso junto a la Fiscalía Anticorrupción y a la de Medio Ambiente. Agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil han llevado a cabo la operación con la colaboración del Seprona.
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