Málaga

La Diputación de Málaga pondrá sus servicios jurídicos a disposición de municipios afectados por megaparques fotovoltaicos

Francisco Salado y Juan Carlos Maldonado, durante un Pleno de la Diputación de Málaga.

Francisco Salado y Juan Carlos Maldonado, durante un Pleno de la Diputación de Málaga. / M. H.

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad la moción urgente del PSOE, con enmienda del PP y sin debate, sobre la instalación de megaparques fotovoltaicos en la provincia, de manera que se ha comprometido a poner sus servicios jurídicos a disposición de los municipios afectados por la construcción de estas instalaciones para interponer "cuantas acciones judiciales sean necesarias".

También se ha acordado transferir a los ayuntamientos los recursos económicos necesarios para dar respuesta a los afectados por la construcción de megaplantas fotovoltaicas y convocar una reunión, en un mes, con los grupos políticos de la Diputación y los municipios donde se quieren levantar dichas infraestructuras.

La moción también recoge la constitución de una comisión de seguimiento de la situación tanto administrativa como jurídica y encargar al diputado de Seguridad y Emergencias y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, un informe sobre el impacto de las mismas en términos de seguridad y protección de los residentes en las zonas afectadas.

Según la moción, al menos se están tramitando en la actualidad cuatro megaparques en la comarca del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, que ocuparían 750 hectáreas. Su tramitación está avanzada y se encuentra en la Junta de Andalucía, afectando a Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra. Aunque no son los únicos, puesto que hay otros en tramitación en Almogía, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Valle de Abdalajís, Carratraca o Cañete la Real y "cada mes se conocen otros nuevos".

Partida para el tren litoral en los PGE

Otra moción urgente que ha salido adelante es la del PP, aunque en este caso con los votos a favor de 'populares', Ciudadanos y el diputado no adscrito, Juan Cassá, sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la provincia para reclamar al Gobierno de España un incremento de las partidas para el tren litoral y el acceso norte al aeropuerto, además de que congele las bases y los tipos de cotización de los autónomos.

Francisco Oblaré, portavoz del PP en la Diputación, ha recordado que se trata de reivindicaciones "históricas" que se han quedado precisamente en eso y tendrán que continuar "en el cajón", como es la regeneración de los Baños del Carmen.

La portavoz de Unidas Podemos, Teresa Sánchez, ha admitido que no son los presupuestos "de máximo" que les hubieran gustado pero "el objetivo final merecía la pena porque estos presupuestos ponen los pilares para la reconstrucción de un país con una salida justa a la crisis y que no se quede nadie atrás".

Por su parte, el portavoz socialista, José Bernal, ha criticado la moción y la argumentación de los 'populares', recordando que precisamente hace seis meses presentaron otra moción en la que reclamaban fondos europeos para el corredor ferroviario "y ahora pide que no, que para los presupuestos". Además de asegurar que las "grandes obras" de la provincia llegaron con una ministra socialista, -Magdalena Álvarez-: "Éramos la tercera en inversión, con Rajoy la 49", incidiendo en que "con el PP el país sería más pobre".

Cuota autónomos y base de cotización

La moción de Cs para que el Gobierno de España reconsidere la subida de la cuota y de la base de cotización de los autónomos ha salido adelante por unanimidad mientras que de la de Unidas Podemos sobre los trabajadores de Emergencias 112 Andalucía sí se ha aprobado el reconocimiento a la labor y compromiso pero no instar a la Junta de Andalucía a trasladarlos a una mejor ubicación, indicando desde el PP que el Ejecutivo andaluz ya se ha comprometido a ello para la próxima primavera.

Tampoco se ha dado luz verde a pedir a la Junta que subrogue a la plantilla actual del 112 en Málaga, que ejerce estas funciones a través de subcontratas, como contempla el Artículo 130.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y mientras esto se ejecuta, "que se cumplan las mejoras laborales que contenía la actual licitación de la que es adjudicataria Ferrovial". I

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