En los primeros siete meses del año, Endesa ha contado con 40.705 beneficiarios del bono social en la provincia de Málaga, lo que representa un 8,3% más desde el mes de enero. Esta ayuda que reduce entre un 40% y un 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está destinada a pensionistas, familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarios del ingreso mínimo vital y a hogares con rentas bajas, según han indicado en un comunicado.

Del total de hogares malagueños beneficiados con bono social hasta julio, 17.109 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 65% en su factura de consumo eléctrico -o del 40% si tienen el bono temporal de justicia energética-, mientras que 23.596 son vulnerables severas y se benefician de una reducción en factura del 80%. Dichos descuentos estarán vigentes, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2023.

En cuanto a su tipología, en Málaga el 70,8% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 22,8% son familias numerosas, el 3,8% son pensionistas, el 1,2% son beneficiarios del ingreso mínimo vital y el 1,4% hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.

Según estos últimos datos de Endesa desde 2020 en la provincia de Málaga se han registrado un incremento del 43% de los beneficiarios de esta ayuda, pasando de 28.414 a cierre de 2020, a los actuales 40.705.

Por otro lado, Endesa ha recordado que está llevando a cabo de forma proactiva campañas informativas con entidades sociales que trabajan con estos colectivos y, al mismo tiempo, invita a todas las personas que crean que pueden beneficiarse del bono social a solicitarlo.

Cuando la compañía recibe la documentación, un equipo especializado se encarga de atender las solicitudes y valida si se han recibido todos los documentos necesarios. Si falta algún documento se informa al cliente y, después, cuando la solicitud está completa, se envía al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el cual comprueba el cumplimiento de los requisitos económicos. Finalmente, la energética es la encargada de comunicar al cliente la resolución del Ministerio.