La que fuera jefa de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Domingo, ha afirmado este martes, durante la comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones y concesión de licencias en el periodo 2006-2016, que la "injerencia política empieza con la llegada de concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, y José Cardador como gerente" en Urbanismo, y que fue "progresiva". Asimismo, ha dicho que fue cesada porque no quería prevaricar y ha hablado en su intervención de que querían un "urbanismo a la carta".

A las preguntas de la oposición, Domingo ha relatado su paso por la Gerencia y ha incidido en que en 2009, cuando se le nombra jefa del Departamento de Disciplina, se le encomendó por el alcalde "expresamente" el hacer funcionar el departamento y "llegamos a hacer que el servicio funcionara prácticamente solo".

"En 2013 el servicio de inspección era una máquina que andaba sola, pero a todo gas y la única forma de parar eso era eliminando toda la cadena de mando y dejando lo que han dejado, el chasis". "Se tuvo que aniquilar el servicio destruyendo la cadena de mando".

Ha reconocido, por otro lado, que "la gota que colmó el vaso" fue los expedientes de Villa Arenal, insistiendo en que la "injerencia política" comenzó con la llegada de concejal Pomares y Cardador. Ha relatado cómo fueron las "trabas" que, a su juicio, le iban poniendo hablando, en algunos casos, como las acciones que le encomendaban hacían "sumar y dilatar tiempos".

Como ejemplo de "trabas" ha citado la "prohibición expresa, evidentemente, verbal" de que los inspectores de obra no fueran al distrito sin antes haber llamado al director o concejal para que vayan acompañados", criticando Domingo que "los inspectores no podían ejercer la labor que establece la ley del suelo".

"Las injerencias políticas no son una llamadita", ha advertido, añadiendo que "todo esto está documentado". A juicio de Domingo, lo que se pretendía con las diversas acciones era "un urbanismo a la carta, algo a lo que yo me negaba", asegurando que no se lo decían por escrito pero sí en presencia de otros compañeros.

AUSENCIA DEL ALCALDE

Sobre la ausencia del alcalde en esta comisión, que en esta sesión tenía que haber participado pero que ha delegado en el gerente de Urbanismo, José Cardador, ha dicho no sorprenderse "teniendo en cuenta lo que yo he vivido respecto al regidor en los últimos cinco años".

Ha relatado que ha recibido "presiones" y ha dicho que cuando "no podía más y era tal la presión, pedí cita al alcalde para ponerle en conocimiento de todo", asegurando que la reunión fue el 1 de julio de 2014 y duró "una hora y 40 minutos y difícilmente se va a pasar hablando del tiempo o de las respectivas familias", precisando que le puso en conocimiento de todo lo que ocurría, poniendo, además su puesto a disposición.

"Pomares y Cardador estaban exigiendo cruzar una línea que jamás iba a cruzar, que era la de la legalidad, y le pedí -al alcalde- expresamente que no me pidiera cruzar esa línea", ha detallado.

Ha dicho, asimismo, que no tenía problemas con el cese, ya que había ofrecido su puesto "pero no podían manchar mi nombre, mi prestigio profesional y mi honor, que es lo que hicieron", asegurando, de nuevo, que De la Torre "tiene conocimiento de todo", criticando que "no vino hoy para que sea más fácil seguir escondiendo la cabeza debajo del ala".

Ha hablado, por otro lado, de su entrevista a la prensa en 2014, incidiendo en que en las declaraciones dijo "que me han cesado porque no he querido prevaricar... ¿Si yo cumplo todo lo que pedían, si yo no sanciono a sabiendas de que la ley exige, si yo modifico un plan general para legalizar... eso cómo se llama?", se ha preguntado, asegurando que nunca se ha desdicho de sus palabras pero "maticé por las amenazas, presiones y coacciones del equipo de gobierno".

DEPARTAMENTO "ANIQUILADO"

Por su parte, Alberto Iñiguez, ex jefe de la sección de Infracciones, ha incidido en que su cese se justificó en "la reestructuración", pero "sin mucha justificación eliminaron mi cargo y otros" de la parte de disciplina. Ha reiterado, al respecto, que el departamento "fue aniquilado y desmantelado", tachando los ceses "de represalia política por hacer el trabajo", y asegurando que los expedientes, por aquel entonces "importaban poco".

Ha relatado, tras preguntas de la oposición, que "la carga de infracciones siempre ha sido brutal", reconociendo, no obstante, que muchos expedientes caducan: "lo han conocido de siempre, no de ahora". Asimismo, ha explicado que para resolverlos se da "preferencia" de unos sobre otros.

"Siempre habrá, a no ser que se duplique o triplique la plantilla de infracciones y se armonice la forma de trabajar, cosas que se queden sin ver; entiendo que ocurre en todas las administraciones", ha afirmado.

Ha aludido, al respecto, a que no hay medios en la GMU para sacar el trabajo adelante, hablando, además, de que lo que se ha llevado a cabo es "un parcheo pero no una plantilla estable", con lo que, a su juicio, "choca con la justificación de la reestructuración". Sobre el servicio de infracciones ha incidido en que es "un servicio incómodo y que no ha interesado que funcione, pero tiene que estar", a pesar de ser "infravalorado e infradotado".

Ha afirmado, también, que la razón de su cese parte "de una historia muy compleja". "Tengo claro que el fin de la reestructuración era quitar los puestos de concurso que estaban en servicio porque molestábamos" para poner a puestos de libre designación, que "comulgaban con el establecimiento político".

Se ha referido, en concreto, a los expedientes de Villa Arenal, y ha explicado como le dejaron fuera de los mismos, asegurando, asimismo, que las resoluciones finales "eran totalmente distintas". Además, ha afirmado que el criterio que se aplicó en esas valoraciones no era lo mismo que en otros, por lo que se ha mostrado convencido de que ha habido "injerencias políticas" en ese caso concreto, "en otros no lo sé".

De igual modo, ha detallado sobre expedientes de Villa Arenal que "a los inspectores se les negó ir" a no ser que fueran acompañados del director. "Arenal fue un disparate y desencadenó sin sentido en un cambio radical", ha apostillado. Ha hablado, incluso, de una reunión en la que, entre otros, estaba la concejala Teresa Porras.

Por último, Iñiguez ha dicho que el alcalde, tuvo "bastante señales y escritos" por lo que era conocedor de lo que ocurría. Así, ha precisado que "a lo mejor durante el inicio de todo no lo sabía, pero ya de ultimas, desde hace unos años, por lo que sé, sí es conocedor de lo que ha ocurrido aquí".

GERENTE DE URBANISMO

Delegado por el alcalde, en esta sesión de la comisión ha intervenido el gerente de la Gerencia de Urbanismo, José Cardador, pero sólo ha sido cuestionado por el concejal popular Francisco Pomares, ya que la oposición en bloque ha rechazado preguntarle al entender que quien tenía que estar es regidor.

Durante su intervención ha afirmado que lo que se está viendo en esta comisión de investigación "desvirtúa" el tema de los expedientes de infracciones y concesiones de licencias en el periodo de 2006-2016, relatando que ha pasado mucho tiempo.

Ha hablado de sus cargos y de cómo en 2014 y 2016 se hacen restructuraciones, "una más global y otra más concreta", en licencia, añadiendo que en época de Domingo en las resoluciones comenzó a ver en infracciones "una serie de errores jurídicos administrativos". Por último, ha dicho que el tema de Villa Arenal es "cosa juzgada", e incluso ha afirmado que el equipo podría haber incurrido "en prevaricación activa", porque todo el equipo trabajaba en esos expedientes.