Málaga

La Fiscalía investiga las cancelaciones de trenes de Cercanías en Málaga

  • El Ministerio Público incoa las diligencias previas penales contra Renfe y sus gestores tras la denuncia formulada por el sindicato CGT

Un tren de Cercanías de Málaga.

Un tren de Cercanías de Málaga. / Javier Albiñana

La Fiscalía de Málaga ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos del sindicato CGT contra Renfe tras el recorte en los horarios del Cercanías de la provincia. El Ministerio Público ha tenido a bien incoar las diligencias previas procesales penales contra la empresa ferroviaria después de que esta reformulase los trayectos de tren en las líneas C-1 y C-2, que unen la capital con Fuengirola y Álora respectivamente, recortando 34 trenes de Ceranías diarios sin fecha de vuelta. 

CGT denunció ante fiscalía que el gerente de Renfe OSP Andalucía anunció el 11 de noviembre que a partir del día siguiente suprimía 34 trenes de cercanías en el núcleo de Málaga, todos ellos encuadrados dentro de las Obligaciones de Servicio Público que la empresa está obligada a prestar y por los cuales conforme al contrato programa Renfe-Estado percibe subvenciones públicas, contrato vigente hasta 2027.

Desde el sindicato aseguran que se han producido más de 3.600 supresiones en los trayectos del Cercanías en la provincia en lo que va de año. Esta estadística recogería los 34 trenes diarios suprimidos con la reformulación del horario. Desde Renfe reconocen 743 y se comprometieron a que no se produjese ninguna cancelación más respecto al nuevo horario. 

"Nos encontramos ante un servicio público esencial que se hurta a la sociedad por decisiones unilaterales de los gestores de Renfe que no solo atentan contra el derecho básico a la movilidad de la ciudadanía sino que pese a que el propio contrato programa tras acuerdo en el Consejo de Ministros refiere que la prestación de servicios públicos de interés general como el Cercanías tienen vocación de ser más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos", aseguran desde el sindicato, a lo que añaden que este recorte impulsa a los usuarios a usar más el transporte privado en detrimento de los servicios públicos y lo que esto supone en el consumo de combustibles fósiles.

La denuncia presentada por el sindicato CGT pide que se investigue si los hechos acaecidos son constitutivos de delito de corrupción en los negocios, falsedad documental, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos o de sus responsables, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias. 

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