Geólogos critican que España no actualice la normativa 'sismorresistente'

El Colegio Oficial de Geólogos (Icog) reclamó en mayo de 2011, tras el terremoto en el municipio murciano de Lorca que acabó con la vida de nueve personas, causó más de 300 heridos y graves destrozos en esa ciudad, que se reformara la normativa de construcción sismorresistente para tener en cuenta aspectos como la paleosismicidad o la neotectónica de las fallas activas a la hora de construir edificios en España, especialmente en las zonas de mayor peligrosidad sísmica y Málaga es una de ellas. El entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo algún gesto pero, al final, nada de nada. Este colegio profesional denunció ayer que sigue sin actualizarse la normativa sismorresistente, algo que podría evitar la muerte de miles de personas si ocurriera una gran tragedia.

Luis Suárez, presidente de este organismo, indicó ayer que “la placa del mar de Alborán está liberando energía lentamente” y que, con este seísmo de magnitud 6,3 grados, ha liberado más de 20.000 toneladas de energía equivalente en TNT, aunque no cree que vaya a haber ninguno superior. “Sería excepcional que hubiera un terremoto más grande”, dijo. Ha sido una magnitud alta, de las mayores que se recuerdan en la provincia malagueña, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas. Pero esto no es una ciencia exacta. En Lorca, por ejemplo, el terremoto tuvo una magnitud de 5,2, pero fue devastador porque el epicentro estuvo mucho más cerca y por los aspectos geológicos del municipio.

Expertos realizaron en 2006 un estudio sobre la Evolución del Riesgo Sísmico en Málaga y una de las principales conclusiones que sacaron es que la probabilidad de que un edificio resulte más o menos dañado por un terremoto no lo determina tanto la antigüedad del inmueble como el suelo en el que se asienta. Si está sobre roca el riesgo es bajo, si está sobre arcilla el riesgo es moderado y si es un suelo de relleno o de sedimentos recientes el riesgo es alto. Partiendo de esta base, se estima que la capital malagueña tiene unos 40.000 edificios con un riesgo alto, siendo los más proclives a resultar dañados los que están ubicados en los alrededores del puerto, la zona oeste y Guadalmar.

Desde 2002 hay una normativa que obliga a aumentar la resistencia de los edificios ante posibles terremotos. No obstante, expertos afirman que ha habido cierta dejadez por parte de los promotores más por falta de información o desidia que por dinero, pues apenas representa el 5% del coste total. Los geólogos insisten en que “se establezca con mayor rigor la necesidad de cumplimiento de los requisitos antisísmicos” y lamentan que “aún no se ha tomado medida alguna”.