El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un conjunto de medidas para reducir y prevenir el impacto ambiental en el despliegue de las energías renovables y para incrementar los beneficios económicos y sociales en la zona donde se instalen las plantas renovables y de almacenamiento.

Así, a partir de ahora los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica, además de los actuales criterios, podrán ponderar elementos como la generación de empleo, la participación de los actores locales en los proyectos o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento de acuerdo con la Zonificación ambiental para la implantación de energías eólica y solar fotovoltaica.

Esta medida, según informa el Gobierno, coincide con la publicación el próximo 1 de julio de la capacidad de acceso disponible en los nudos de las redes de distribución y la reanudación del otorgamiento de los permisos para nuevas instalaciones renovables, suspendido desde junio de 2020 mientras el MITECO y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diseñaban la nueva normativa de acceso y conexión a la red, recientemente culminada.

Así, el Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes eléctricas, contempla la celebración de estos concursos aplicando criterios temporales que prioricen los proyectos más maduros, criterios relativos a la tecnología de generación y su integración en el sistema eléctrico, y criterios de innovación en el caso de centrales menores de 30 MW.

Los nuevos permisos de acceso a las redes se otorgarán mediante un proceso de concurrencia competitiva en todos aquellos nudos de la red de transporte de la Península en que aflore una capacidad superior a los 100 MW y de 50 MW en el territorio no peninsular, cuando se cumplan ciertos requisitos relativos a la demanda de solicitudes previas y así se decida por resolución de la Secretaría de Estado de Energía; en el caso de que haya una potencia menor, se aplicará la prelación temporal de las solicitudes.

La Junta de Andalucía tiene más de 650 solicitudes de parques solares fotovoltaicos en tramitación o pendientes de iniciarla

La nueva regulación estos tres criterios se podrán completar con otros aspectos sociales y económicos ligados al ámbito local, como la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones; además, se valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se ubiquen las instalaciones.

Red Eléctrica de España (REE), en tanto que Operador del Sistema eléctrico, analizará la capacidad disponible en cada nudo, atendiendo a criterios técnicos de seguridad y cada mes remitirá un informe al MITECO sobre la capacidad que aflore ya sea por la planificación de nuevos nudos, por el desistimiento de proyectos o incumplimiento de los hitos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020 -pueden no superar la Evaluación de Impacto Ambiental-. El MITECO dispondrá de dos meses anunciar la reserva de la capacidad a concursar, que se convocarán en los siguientes diez meses.

Precisamente, el miércoles la Diputación de Málaga aprobó por unanimidad una moción institucional para solicitar al Gobierno central y la Junta de Andalucía una moratoria urgente sobre la instalación de megaparques fotovoltaicos en municipios de la provincia ante la “avalancha” de proyectos actuales y que afectarán al territorio debido a que se están presentando de manera individual y sin ordenación.

La moción pedía a Junta de Andalucía y Gobierno central que de forma inmediata establezcan esa moratoria en los municipios que lo soliciten para analizar todos los parques en su conjunto –y no uno por uno como se está haciendo– y planificar qué zonas son las óptimas para ubicar dichas instalaciones.

Actualmente, la Junta de Andalucía, según se detalla en la moción, tiene más de 650 solicitudes de parques solares fotovoltaicos en tramitación o pendientes de iniciarla; algo que “pone en riesgo una transición energética justa y ecológica” ya que, en vez de priorizar las pequeñas instalaciones e inversiones locales, “se está fomentando una burbuja de grandes extensiones solares”. Así, se indica que el desarrollo a gran escala de las renovables puede suponer “una pérdida de biodiversidad irreversible con consecuencias impredecibles”.