El Gobierno central toma cartas en el asunto del hotel del puerto de Málaga. Y lo hace para activar un expediente informativo mediante el que estudiar "los riesgos" que pudiera generar para el paisaje de la ciudad la construcción de este edificio, cuya altura alcanzará al menos los 116 metros de altura.

Así lo detalla este martes el Ministerio de Cultura y Deporte en una nota informativa, en la que anuncia el inicio del citado procedimiento "con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas, en el ámbito de las competencias propias del Ministerio, a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español".

En este proceso ahora anunciado, señala que recabará de las administraciones competentes, toda la información disponible para determinar "la necesidad de iniciar o no un expediente por expoliación". Entre ellas se cita de manera directa al Ayuntamiento de Málaga, al que se requiere toda la información posible con el objetivo de resolver el citado expediente "de acuerdo con los principios de proporcionalidad y eficacia, sobre las circunstancias que pueden determinar un impacto negativo sobre el Patrimonio Histórico Español de dicho lugar por la ejecución del proyecto".

La intervención contrasta con el papel de la Junta de Andalucía en esta materia. Hay que recordar la posición de la Consejeria de Medio Ambiente cuando allanó la tramitación ambiental del proyecto urbanístico aduciendo que no existía impacto visual alguno. Por su parte, la Consejería de Cultura eludió entrar a analizar la actuación al entender que se encontraba lejos del Centro histórico de la ciudad, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación del departamento ministerial se produce tras haber tenido conocimiento de la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga ya aprobada provisionalmente. La misma autoriza el ajuste urbanístico necesario para autorizar la construcción de un edificio de 116 metros de altura, de 35+3 plantas, en la plataforma del Morro de Levante, así como un complejo hotelero con una superficie de edificación máxima de 45.000 metros cuadrados.

"Estas construcciones estarán próximas al centro histórico de la ciudad y en la primera línea del puerto junto al mar", añade, al tiempo que apostilla que las características de estas edificaciones "podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga, vulnerando las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 2000, ratificado por España”.

Para reafirmarse en el camino ahora tomado, el Ministerio de Cultura incluso recuerda el pronunciamiento realizado años atrás por ICOMOS España reconociendo el posible impacto negativo de este proyecto. En su informe, fechado en 2018, este organismo no gubernamental recomendó "renunciar" a la edificación promovida por un grupo inversor de origen catarí. La sugerencia de ICOMOS, cuya labor de asesoramiento a la Unesco es reconocida desde hace años, tomó como punto de partida "el impacto irreversible" que tendría la ejecución del inmueble, dada su "naturaleza permanente" tanto sobre el paisaje patrimonial de Málaga como de su puerto.